¿Hasta qué extremo estamos llegando? Un grupo de pobladores del distrito de Honoria, perteneciente a la provincia de Puerto Inca del departamento de Huánuco, llegó hasta las puertas del gobierno regional para pedir y reclamar se les cumpla con sus derechos ciudadanos. ¿Cuáles derechos? Pues el de garantizar la vida, la integridad física y psicológica, la libertad de estas personas y sus familias. Sucede que delincuentes y matones enviados por una empresa privada, realizan constantes amenazas y ponen en peligro las vidas de alrededor de 3500 familias que viven en la zona. Los matones, paulatinamente, han ido ocupando pequeñas parcelas y ahora quieren quedarse con cientos de hectáreas de los terrenos donde viven estas personas, quienes habitan el área desde hace muchos años. Los pobladores están ubicados en la zona hace varias décadas y cultivan, el café, cacao, árboles frutales, y también cuentan, en pequeña escala, con ganadería. Tal vez son pobladores muy modestos, pero sí muy trabajadores. Hace dos años presentaron un documento solicitando ayuda ante la Dirección Regional de Agricultura, pero desgraciadamente no fueron escuchados y lo que es peor, no hicieron nada para tramitar su pedido ante la máxima autoridad regional. Nuevamente Alvarado demuestra lo poco que le interesa la ciudadanía, lo poco que le interesa la región. ¿Cuándo se pondrá los pantalones Sr. Alvarado? Tome cartas en el asunto y solucione o interceda para solucionar este problema. Estos terrenos que todavía mantienen bosques vírgenes, abundante madera fina como el cedro, el tornillo, entre otras, deben de ser cuidados y protegidos. Pero la empresa que pretende apoderarse de estos terrenos solo busca depredar la zona, probablemente se trate de minería ilegal, el subsuelo que contiene abundante oro, estamos hablando de mafias poderosas. Los caseríos amenazados por estos desconocidos son Señor de los Milagros, Unión Porvenir, Alianza Juvenil, San Miguel de Semuyañ, Belén, Las Palmeras, 15 de agosto, Nueva Vida y San Juan de Pumayacu. Los representantes denuncian que los traficantes de tierras buscan expulsarlos y ofrecen la mísera suma de S/ 200 o S/ 300 para que abandonen sus chacras. Aquí tiene que haber la participación de la autoridad regional, de las autoridades que cuidan el medio ambiente y la región agraria para proteger a estos campesinos.
