Qué hacer ante Incumplimiento de una municipalidad o gobierno regional
Ya cumplí, ¿Cuál es la solución?
Por: Jorge Davila Chumpitazi
Existe actualmente un gran problema, que se ha vuelto costumbre en la administración pública; esta consiste en no pagar los servicios o bienes que realizan/entregan los proveedores a las entidades requirentes, acrecentándose la mala imagen que tiene el Estado ante la sociedad en general por los gobiernos regionales y locales, con sus honoríficas excepciones.
Una referencia importante a tener, es que las micro y pequeñas empresas (MYPES) en el Perú, representan el 21% del producto bruto interno (PBI) y 99% del empleo formal del Perú, según el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), (Diario el Peruano, 6-5-2023). Otro dato importante, es que el Perú invierte más de S/ 84 mil millones anuales en compras públicas, de los cuales el 78% involucra a PyMES y MYPES, quienes encuentran en el Estado una oportunidad de negocio, que les permite mantener su actividad y crecer; y para quienes el atraso o la falta de pago oportuno puede condicionar su subsistencia y la de sus proveedores en la cadena de producción asociada a los bienes y servicios involucrados. Esta vulnerabilidad no es un problema menor: del total de compras en todo el Perú, el 86% se paga fuera de plazo, anomalía comercial que afecta el equilibrio financiero y el capital de trabajo de los proveedores. En relación a los responsables, se ha identificado que un 66% de estos retrasos son responsabilidad de los gobiernos locales, (K. Ascencios & C. Quevedo, Qué pasa cuando el Estado no paga a tiempo).
Entonces, un proveedor que con buena fe invierte su dinero, para generar un servicio o entregar un bien al estado, para crecer como emprendedor y todo su entusiasmo de crecer, se ve frustrado por la ineficiencia de la administración (obstáculos administrativos innecesarios), lo que se cumpla según las órdenes contraídas entre las partes (antes de firmar ojo con las obligaciones que tienen que cumplir).
Una de los casos más comunes para que no se pueda pagar, es que muchas veces no se realizó el requerimiento del área usuaria (negligencia en el cumplimiento de funciones) pero se dio efectivamente el servicio o entrega del bien. Aquí podría generarse la figura jurídica de Reconocimiento sin causa, para dar solución, que tiene los siguientes requisitos: a. Requerimiento de pago del proveedor, b. conformidad del área usuaria c. informe técnico de logística (o quien haga sus veces) d. opinión legal favorable e. Disponibilidad presupuestal f. Emisión de actos administrativos (resolución) de la entidad reconociendo el pago. Este procedimiento es el correcto para generar el pago, y que cumplan con sus obligaciones. Otro caso común, es que si se realizó el trámite administrativo correspondiente (requerimiento y conformidad), empero no se pagó en ese año fiscal por falta de presupuesto, en este caso el procedimiento de pago es más sencillo, pues se circunscribirá a una opinión técnica (logística) y Legal (asesoría jurídica) y presupuesto (disponibilidad presupuestal), finalizando con una resolución. Por último, existe también el incumplimiento de pago por parte del estado, cuando a pesar que se encuentra el expediente administrativo completo, no existe la voluntad política de hacerlo, en ese caso solo cabría la posibilidad de ir al órgano jurisdiccional o a un centro de conciliación y consecuentemente al de arbitraje.
Estas deficiencias administrativas generan las siguientes consecuencias: 1. Muchos proveedores (por no decir todos) suban sus precios de forma excesiva (hasta en un 50% o más), generando que todo se encarezca en la administración pública; entendiéndose en parte, porque son muy pocas entidades que cumplen sus pagos a tiempo (aplauso para aquellos que cumplen), pero en su gran mayoría no lo hacen. 2. Oportunidad a la corrupción para pedir dadivas y se recién paguen los contratos atrasados. 3. Resistencia a denunciar por desconfianza que las entidades nos los considere en futuras contrataciones, creando impunidad en los servidores responsables. 4. Costos innecesarios por demandas arbitrales o judiciales.
Todos estos problemas suceden por las siguientes razones: 1. servidores pocos capacitados en los procedimientos de contrataciones 2. Deficiente planificación presupuestal. 3. Presión de los titulares del pliego para que se realice el servicio o entra del bien, a sabiendas que no se cuenta con disponibilidad presupuestal.
Los pasos para reconocer los pagos, son claros y se encuentran ya regulados, sin embargo, no se realizan de manera gratuita, porque estos procedimientos conllevarían a posibles responsabilidades administrativas, penales y hasta civiles por no haber realizado el pago a tiempo, es decir, si bien es cierto nuestro sistema jurídico administrativo ha creado mecanismos donde se pueda dar la formalidad a tramites que tienen deficiencias para pagar, tiene un costo sancionador al servidor responsable.
Hay que creer que la administración pública no es para aprender (para eso existen las practicas pre profesionales o profesionales), para generar buenos servicios a la población; y los compromisos que se contraen se deben de cumplir en los plazos establecidos y si no se hace, debe identificarse a los servidores responsables y sancionarlos. Podemos ser más eficientes en la administración, y la gran responsabilidad para que esto se cumpla, recae en nuestros gobernadores regionales y alcaldes.
Concebir, que la administración puede ser eficiente, está al alcance, no es tan difícil cuando hay voluntad política, y creer firmemente que el binomio Estado – proveedor, pueden trabajar de manera mancomunada por bien de la sociedad…si se puede.
