Escrito por: Arlindo Luciano Guillermo
Que las palabras se conviertan en acciones, las actitudes deben ser coherentes, la aptitud es peligrosa sin ética, el discurso no debe estar por encima ni debajo de la práctica son afirmaciones que conocemos, pero pocos entendemos y las hacemos parte de la actuación diaria. En una coyuntura política crucial es necesario abrir los ojos y defender la democracia y la institucionalidad del Perú. Esta crisis política salpica a todos: a unos más, a otros menos, pero nadie sale inmaculado ni ileso.
Es plausible que el congreso haya puesto freno seco a la corrupción y a sus monaguillos. No podrán postular en las elecciones próximas ni en las siguientes ni ejercer la función pública quienes tengan sentencias judiciales en primera instancia. Debió ser impedimento de por vida, perpetuo, en cualquier instancia, si el parlamento hubiera querido lucha frontal contra la corrupción, radical, sin que la mano le tiemble. Pero aún queda la posibilidad de postular para los que cometieron “pecadillos en la gestión pública” y no fueron alcanzados por la justicia o están en proceso de investigación. Nadie que esté en su sano juicio, con todo lo que se ve con indignación, puede ser indiferente con la decisión del congreso. Ni populismo electorero ni lobby político, sino decisión política acertada, firme, pensando en la dignidad de millones de ciudadanos, fortalecimiento de la democracia y la legitimidad de las instituciones del Estado.
¿La corrupción se acaba con una ley prohibitiva? ¿Qué un candidato no tenga sentencia judicial ni antecedentes penales, garantiza honestidad, transparencia, honradez y vocación de servicio? No, ciudadanos míos. No es matar al perro, sino desaparecer la rabia. La ley le ha pisado la cola a la víbora, pero esta sigue viva, herida, con la cabeza girando como exorcista. El secular problema de la corrupción pasa por comprender la calidad de educación, la ética que gobierna los actos ciudadanos y la degradación a niveles putrefactos de la política, siempre respetando las honrosas excepciones. No todo está perdido en el Perú. La promoción de competencias y educación ética y cívica constituyen los pilares fundamentales para educar ciudadanos con otra mentalidad y actitud en la política y el desempeño profesional en la administración pública y privada. Sin educación sí que estamos condenados a cualquier fracaso de un proyecto país o regional. A veces exigimos la construcción de una institución educativa moderna (fierro y cemento), con equipamiento y mobiliario, pero no hablamos de la calidad enseñanza, de la lectura ni de la utilidad práctica de los aprendizajes de los estudiantes. La infraestructura permite comodidad y zona de confort, pero no necesariamente calidad educativa ni trascendencia de los aprendizajes.
Desde 1980, en el Perú, el golpe de Estado o la conspiración para derrocar la democracia (limitada, prejuiciosa y permisiva) no ha asomado las narices, excepto aquel infausto 5 de abril de 1992: Fujimori y Montesinos cerraron el congreso e instauraron una dictadura cívico-militar, con respaldo popular, con todos los poderes en sus manos para disponerlos a su antojo. Retacearon al Perú. En 1980 habíamos salido de 12 años de dictadura militar. Leguía gobernó 11 años con triquiñuelas legales y vivezas políticas. Luego vino Sánchez Cerro, Óscar R. Benavides. La democracia no duró mucho. Manuel Prado y Ugarteche terminó el mandato, pero no Luis Bustamante y Rivero., Llegó Odría e inició una dictadura de 8 años, retratado en Conversación en La Catedral de Mario Vargas Llosa. Hoy la democracia y la institucionalidad son los ejes de la vida de las sociedades de América Latina y del planeta. Un golpe de Estado es un retroceso, un mal paso. Quienes la promueven, desde diferentes trincheras, niegan la convivencia democrática, las urgencias y prioridades del país y la total ineptitud para resolver problemas políticos en crisis agudas. Al colapso de salud, cuando el covid-19 arrecia, se suma la crisis política. Un cóctel peligroso para la democracia y la sobrevivencia de 32 millones de peruanos. Que los políticos (la alicaída clase política, la que disponemos) se sienten a conversar democrática y sinceramente, ver qué es lo que mejor conviene al Perú, a las 24 regiones, al margen de las ventajas partidarias, las futuras candidaturas y el aplauso de la tribuna.
Ni sedición ni conspiración ni golpe de Estado. Nada más letal que desprestigiar a la democracia. Las elecciones permiten que los ciudadanos manifiesten su voluntad en las urnas. Los “presuntos delitos” de Vizcarra debe investigarse rigurosamente, identificar responsables y sancionarlos ejemplarmente según la ley y el escrutinio ciudadano. Eso es el trámite del debido proceso y la sensatez política. Sin diálogo cualquier crisis política se va al despeñadero. En una sociedad, donde el insulto es más efectivo que el argumento firme, donde el vivo vive del tonto y este de su trabajo honesto, donde plagiar es tan normal como eructar o respirar, se hace urgente entender que la educación por competencias, según el Diseño Curricular Nacional, debe sintonizar con la realidad cotidiana. Cito, a modo de coincidencia de opinión, lo dicho por Rosa María Palacios: “Tampoco hay moralidad en el contubernio de APP de Acuña, AP de Diez Canseco, PP de Luna o UPP de Antauro. Les interesa un pepino la moral. Lo que necesitan es sacar a Vizcarra de la presidencia. Les es urgente y lo necesitan ahora.” (La República, 13/09/2020). Para la clase política, el Perú es una agenda de tercer orden; siempre van a hacer primar intereses partidarios y personales.
