El entorno del expresidente Martín Vizcarra ha dado un giro hacia el mercado inmobiliario con la oferta de 190 lotes en el centro poblado Los Ángeles (Moquegua), promovidos por Urbaniza 3D SAC, compañía administrada por su esposa, Maribel Díaz Cabello, y sus hijas. La iniciativa aparece en paralelo a las audiencias por prisión preventiva y a medidas judiciales que han inmovilizado propiedades del exmandatario, en un momento en que su situación legal sigue abierta por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
La empresa familiar y el proyecto Andaria
Urbaniza 3D SAC comercializa el proyecto Andaria, con lotes de 160, 200 y 300 m², modalidades de pago al contado, financiamiento directo sin intereses y convenios con una cooperativa local. De acuerdo con reportes periodísticos, el precio de lista por metro cuadrado alcanza los S/ 1,000 y la entrega comprometida apunta a diciembre de 2026. Al menos 15 lotes ya habrían sido colocados, siete de ellos al contado, según balances citados por medios que han seguido la operación comercial.
La empresa apareció públicamente en medio de una audiencia clave, cuando la defensa de Vizcarra presentó contratos para sustentar arraigo laboral. Uno de esos documentos, firmado con Urbaniza 3D el mismo día de la diligencia, no consignaba funciones específicas ni constancias de pago, lo que originó cuestionamientos fiscales sobre su solidez como evidencia de ocupación estable. El exmandatario sostiene que trabaja como ingeniero civil en el ámbito privado ante la imposibilidad de ejercer cargos públicos por su inhabilitación.
El traspaso de los terrenos y los cuestionamientos
La historia de los predios se remonta a 2014, cuando CYM Vizcarra SAC Ingenieros Contratistas —propiedad de los hermanos de Martín Vizcarra— adquirió un área cercana a 100 mil m² mediante hipoteca por más de dos millones de dólares. Años después, esos terrenos fueron transferidos a Urbaniza 3D SAC por un valor significativamente menor al de la compra original (S/ 86,728), pago realizado vía transferencias bancarias, de acuerdo con registros de Sunarp reseñados por investigaciones periodísticas. Los hermanos César y Mario Vizcarra están bajo indagación por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, lo que mantiene el foco sobre el origen y las condiciones del traspaso.
La comercialización se ha apoyado en activaciones en redes sociales con presencia del propio Vizcarra, presentando el proyecto como una opción de inversión con “facilidades reales” y enfoque de habilitación urbana progresiva. Este giro empresarial, sin embargo, convive con procesos de revisión patrimonial y la inmovilización judicial de bienes del matrimonio Vizcarra–Díaz, que buscan asegurar una eventual reparación civil en causas de cohecho vinculadas a obras en Moquegua.
Un frente judicial aún abierto
La Fiscalía ha imputado a Vizcarra la recepción de más de S/ 2.3 millones en sobornos a cambio de favorecer licitaciones vinculadas a Lomas de Ilo y al Hospital de Moquegua, y ha pedido 15 años de prisión. En el marco de estas investigaciones, se han ejecutado allanamientos e incautaciones de bienes y equipos electrónicos, y se tramitan recursos sobre la devolución de dispositivos, un tema que llegó hasta instancias supremas por su relevancia probatoria. La jueza Flor de María Acero dictó la inhibición de siete inmuebles de la sociedad conyugal, mientras que otras medidas de extinción de dominio e inmovilización se han confirmado sobre propiedades en Lima y Moquegua, valoradas globalmente en millones de soles.
En audiencias recientes, el Ministerio Público ha alegado peligro de fuga y de obstaculización, mientras la defensa de Vizcarra refuerza el argumento del arraigo familiar, social y laboral, señalando su actividad en una empresa del entorno y su colaboración con la justicia. El debate por la pertinencia de la prisión preventiva se entrelaza con la nueva actividad inmobiliaria, pues la fiscalía ha cuestionado la temporalidad y consistencia de los contratos presentados para demostrar ocupación estable.
Política, financiamiento y el tablero de 2026
El surgimiento del negocio coincide con el crecimiento de los recursos de Perú Primero, agrupación con la que Vizcarra mantiene vínculos como asesor. En 2024, los ingresos reportados ante el sistema electoral superaron el medio millón de soles, cuatro veces más que el año previo, con aportes concentrados en un grupo reducido de colaboradores. Si bien no existe evidencia pública que conecte directamente esos fondos con la operación inmobiliaria, la simultaneidad de flujos financieros y la presencia del exmandatario en actividades de promoción mantienen el tema en la agenda pública, sobre todo cuando su inhabilitación lo margina de una postulación en 2026, pero no lo excluye de la escena política y mediática.
De cara a los próximos meses, el proyecto Andaria será observado por el mercado y por los órganos de control, mientras el Poder Judicial avance en definiciones cruciales. La clave estará en la trazabilidad de las operaciones: origen de los activos, condiciones de traspaso, capacidad de habilitación y entrega, así como la consistencia del modelo financiero frente a eventuales medidas patrimoniales. En paralelo, cualquier decisión judicial que afecte la movilidad o el patrimonio del exmandatario podría impactar en el desarrollo del plan comercial y en la percepción de los compradores.
En síntesis, el “nuevo” negocio inmobiliario que orbita alrededor de Martín Vizcarra abre una veta empresarial en Moquegua, pero lo hace bajo el escrutinio propio de un personaje cuya trayectoria pública sigue definida por expedientes penales de alto perfil. La tensión entre estrategia legal, promoción de inversiones y control patrimonial marcará el pulso de una historia que, por ahora, avanza en dos carriles: el del mercado y el de los tribunales.
