El caso de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, una joven de 26 años asesinada presuntamente por un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP), ha desencadenado una ola de indignación y cuestionamientos sobre la respuesta estatal ante la violencia de género. Según informó María Alejandra Gonzales para Infobae, el caso no solo evidencia la brutalidad del crimen, sino también fallas graves en las instituciones responsables de proteger a las mujeres.
La respuesta oficial: entre promesas y omisiones
Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, reconoció la gravedad del feminicidio, calificándolo como “horrendo”. En sus declaraciones, manifestó: “No debemos escatimar ningún esfuerzo para que la violencia contra la mujer cese para siempre en el Perú. Nuestras mujeres no tienen por qué ser maltratadas”. Sin embargo, frente a las preguntas de la prensa sobre las acciones concretas del Ejecutivo, Adrianzén optó por delegar la responsabilidad a la ministra de la Mujer, indicando que se le ha instruido a “informarse para saber qué es lo que sucedió con esa denuncia y por qué no se tenía la protección que se había exigido”.
Este enfoque ha sido percibido como insuficiente por colectivos y ciudadanos que demandan claridad y resultados inmediatos en la investigación y sanción de los responsables. Las críticas apuntan a una aparente falta de contundencia en las acciones para garantizar justicia.
Intervención de la comisaría Santa Luzmila
El Ministerio del Interior, liderado por Juan José Santiváñez, anunció la intervención de la comisaría de Santa Luzmila, donde agentes habrían desestimado la denuncia de desaparición presentada por la familia de Sheyla Cóndor. Según reportó RPP Noticias, la medida busca identificar y sancionar a los agentes que incurrieron en negligencia.
“El mal manejo de este caso es inaceptable”, declaró Santiváñez, destacando que la Dirección de Asuntos Internos de la PNP ya inició investigaciones para determinar las irregularidades cometidas. Además, el ministro ordenó la revisión de la Oficina N° 16 de Inspectoría, tras revelarse que el principal sospechoso, Darwin Condori, ya había sido denunciado previamente por violación, sin que las investigaciones avanzaran.
Movimientos feministas: un llamado a la acción
El caso ha movilizado a organizaciones feministas como Manuela Ramos, que emitió un comunicado exigiendo justicia para Sheyla y una rendición de cuentas por parte de las comisarías involucradas. El colectivo ha insistido en que la violencia contra las mujeres debe abordarse como una problemática estructural que requiere medidas urgentes y sostenidas por parte del Estado.
“Es fundamental fortalecer las instituciones encargadas de prevenir la violencia de género y garantizar la seguridad de las mujeres”, señala el comunicado. Las activistas también hicieron un llamado a los medios de comunicación para tratar este caso con sensibilidad y evitar el sensacionalismo que trivializa la seriedad del problema.
Un problema estructural
El asesinato de Sheyla Cóndor ha puesto en evidencia las deficiencias en el sistema de protección y justicia para las mujeres en el Perú. No es un caso aislado, sino parte de un patrón preocupante en el que las denuncias de violencia de género son desestimadas o mal manejadas, perpetuando la impunidad y exponiendo a las víctimas a un mayor riesgo.
La intervención estatal en comisarías es un primer paso, pero expertos y organizaciones feministas coinciden en que se necesitan reformas profundas. Estas incluyen una capacitación adecuada para los agentes policiales en perspectiva de género, el fortalecimiento de las oficinas de Inspectoría y la implementación efectiva de protocolos para atender denuncias de violencia.
Un llamado a la justicia
La exigencia de justicia para Sheyla Cóndor no solo busca castigar al responsable directo, sino también abordar las fallas sistémicas que permitieron este desenlace trágico. El clamor por medidas concretas y efectivas refleja un hartazgo social ante la falta de respuestas contundentes frente a la violencia de género.
Este caso, trágico en sí mismo, debe ser un punto de inflexión para el país. La ciudadanía y los colectivos feministas continuarán vigilantes, exigiendo que las promesas del gobierno se conviertan en acciones reales y efectivas que protejan a las mujeres y prevengan nuevos feminicidios.
