En Amarilis y El Valle los focalizaron como pobres y extremos pobres
Dieciochos servidores públicos, nombrados y contratados en los sectores Educación y Salud, recibieron de las municipalidades distritales de Amarilis y Santa María del Valle canastas con víveres, como si fuesen personas pobres y extremos pobres.
Como se sabe, el Gobierno con Decreto de Urgencia 033 estableció medidas extraordinarias en materia económica y financiera. En su artículo regula la adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar y autoriza a las municipalidades a comprar y distribuir bienes de primera necesidad a favor de la población en situación de vulnerabilidad.
Para ello, la municipalidad de Amarilis recibió 200 000 soles para comprar las canastas con víveres y distribuirlos a los más necesitados. Para tal fin, debieron realizar una correcta focalización de hogares para identificar y priorizar la entrega de las canastas básicas familiares a la población de condiciones vulnerables.
Como consecuencia de una inadecuada focalización, la Contraloría detectó que beneficiaron a diez trabajadores del sector Salud y Educación que en abril percibieron ingresos del Estado superiores a 1408,00. Esto, de acuerdo al informe de control simultáneo 6246, realizado desde el 8 de abril hasta el 26 de junio.
De los diez trabajadores, dos ganan 1500 soles; uno, más de 4000; mientras que de siete sus remuneraciones fluctúan entre 2000 y 3000 soles. Esto, de acuerdo a la plataforma de transparencia en el marco de la emergencia sanitaria – COVID -19, que reportan ingresos en el Módulo de Control de Pago de Planillas del Ministerio de Economía y Finanzas.
De acuerdo al documento, se trata de los maestros Adela Chávez Campos y Jeb Marvyn Coz Vargas; ambos trabajan en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Padre Abad, de Ucayali. Asimismo, Ana Verónica Justiniano Baylón, Constantina Honorata Leandro Verde, Nila Quiroz Eugenio, Neda Celina Rojas Rivas de Suasnabar y Olga Rojas Falcón son docentes de la UGEL Huánuco.
Mientras que Mirian Rosado Yanac es maestra de la UGEL de Huamalíes; Lisaura Ramos Serafín y Liz Cynthia Huamán Lucas laboran en la Red de Salud de Leoncio Prado y Huánuco, respectivamente.
Los supervisores de la Contraloría evidenciaron que de los diez servidores públicos beneficiados, siete habrían recibido las canastas, porque sus firmas registradas en los padrones de entregas de víveres coinciden con los del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).
Además, de acuerdo al sistema de la Reniec, Nila Quiroz Eugenio, Lisaura Ramos Serafín y Olga Rojas Falcón, no registran domicilios dentro de la jurisdicción del distrito de Amarilis. Ellas domicilian en los distritos de Padre Felipe Luyando, Pillco Marca y Huánuco, respectivamente.
De la evaluación documentaria, los supervisores detectaron que los funcionarios de la comuna de Amarilis registraron en la Plataforma de Transparencia en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19 a catorce beneficiarios con DNI incorrecto. Además, no conformó un grupo de trabajo para la entrega de las canastas básicas familiares, ni designó a un responsable.
SANTA MARÍA DEL VALLE
Similar situación ocurrió en la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle. Esta municipalidad recibió del Estado 200 000 soles para adquirir y distribuir canastas con víveres a la población vulnerable.
En este caso, de acuerdo al informe de control simultáneo 6550 realizado por la Contraloría General de la República entre el 30 de marzo al 3 de julio, esta municipalidad favoreció con canastas con alimentos de primera necesidad a ocho servidores públicos que no tiene condición de vulnerable.
Según la plataforma de transparencia en el marco de la Emergencia Sanitaria – COVID -19 que reportan ingresos en el Módulo de Control de Pago de Planillas del Ministerio de Economía y Finanzas, los ochos empleados públicos, cinco ganan 2000 soles; dos, 3000, y uno 5000 soles.
Se trata de los docentes de la UGEL Huánuco, Antonio Fernando Salazar Bustamante, Trinidad Contreras, Grover Venturo Hermosilla y Alexander Marco Maylle Corne. También Grover Espíritu Aquino, maestro de la Ugel de Pachitea.
En la lista de beneficiarios irregulares también figuran Jesús Albino Malpartida Chávez y Fredy Rojas Baldeón, ambos trabajadores en el área administrativa de la sede de central del Instituto Nacional Penitenciario en Lima. Además, Denis Cristina Charre Lázaro, profesora de la Ugel de Padre Abad.
De acuerdo a la información cuatro funcionarios habrían recibido la canasta básica familiar, toda vez que las firmas registradas en la relación de beneficiarios serían similares a las registradas en la Reniec. Mientras de otros cuatros, sus firmas habrían sido adulteradas.
