Las municipalidades distritales de Yanacancha y Tinyahuarco no realizaron una correcta focalización para identificar y priorizar a la población vulnerable para la entrega de canastas básicas familiares.
En este sentido, la Contraloría General advirtió que estos gobiernos locales incluyeron a 29 funcionarios y servidores públicos como beneficiarios.
De acuerdo al informe presentado por el ente contralor, esta situación afecta la transparencia y el control de los recursos económicos otorgados en el marco de la Emergencia Sanitaria.
De acuerdo a una nota de prensa emitida por la Contraloría General, los hechos fueron advertidos cuando las Comisiones de Control contrastaron los datos consignados en la Plataforma de Transparencia.
Esta acción se realizó en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19, con el Módulo de Control de Pago de Planillas del Ministerio de Economía y Finanzas. De esta manera, se conoció que los beneficiarios percibían ingresos mayores a 1408 coles.
En el caso de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, se detectó que quince funcionarios y servidores públicos (gobierno nacional o regional), que percibieron ingresos mayores a 1408 durante el mes de abril de 2020, fueron beneficiados con las canastas básicas familiares, a pesar de no estar en condiciones de pobreza.
Asimismo, se evidenció que la entidad no contó con lineamientos claros para identificar a la población vulnerable que sería beneficiaria de la canasta familiar.
Mientras que en el Distrito de Tinyahuarco se alertó que la municipalidad distribuyó canastas a catorce funcionarios y servidores públicos que laboran en distintas entidades públicas. Estos ciudadanos perciben ingresos mayores a 1408.
Además, se evidenció que la municipalidad no formó un grupo para organizar e implementar la entrega de los productos, dejando la responsabilidad de la focalización a los representantes de las comunidades del distrito.
