El regidor provincial Jhin Espinoza confirmó que actualmente no existe ningún contrato formal entre la Municipalidad de Huánuco y la Sociedad de Beneficencia Óscar Declercq, pese a que la Gerencia de Transporte funciona en un local perteneciente a dicha institución.
Durante una entrevista concedida a medios locales, Espinoza señaló que la municipalidad habría concretado un arrendamiento posterior a través de otros mecanismos, sin cumplir con el procedimiento formal requerido por ley. “No hay un contrato firmado. Se realizaron actos equivalentes posteriormente, pero sin el debido respaldo legal”, sostuvo.
Discrepancias entre informes técnicos y falta de validación legal
Espinoza explicó que el Consejo Municipal no aprobó el arrendamiento del local de la Beneficencia, debido a una contradicción entre el informe legal y el informe emitido por la gerencia municipal. Este desacuerdo derivó en el incumplimiento del plazo legal para concretar una contratación directa.
“Para consumar el convenio, se debía cumplir con los plazos establecidos por la Ley de Contrataciones. No se firmó ni verificó ningún convenio, y por tanto, no existe un contrato válido”, indicó el regidor, añadiendo que el caso refleja una mala asesoría legal que podría haberse evitado.
Funcionamiento irregular de la Gerencia de Transporte
Al ser consultado sobre cómo se justifica legalmente el funcionamiento de la Gerencia de Transporte en ese local, Espinoza reconoció que existen documentos posteriores que se han empleado para “formalizar” el uso del espacio. No obstante, insistió en que estas acciones carecen de un contrato debidamente suscrito.
“Esto debió pasar por el Consejo y contar con una validación técnica y legal. Hoy sabemos que no se respetó ese procedimiento”, puntualizó.
Fiscalización ciudadana y advertencia sobre posibles intereses políticos
El regidor también fue consultado sobre las declaraciones del ciudadano Limber Rodríguez, quien ha cuestionado públicamente la situación. Espinoza evitó atribuir motivaciones políticas a sus acciones, aunque sugirió que, si existiera un interés electoral detrás, aún no ha sido manifestado de forma abierta.
“Está en su derecho como ciudadano de fiscalizar, así como cualquiera de nosotros. Pero si hay un interés político, eso aún no se ha evidenciado”, dijo.
Asesoría jurídica centralizada y necesidad de coordinación
Finalmente, Espinoza reveló que todos los regidores dependen de una única asesoría jurídica institucional, lo que —según él— limita el trabajo coordinado. Añadió que, tras este episodio, solicitarán mayor articulación legal para evitar que decisiones técnicas sean ejecutadas sin el respaldo jurídico adecuado.
