La FIFA otorgó el Mundial a Qatar después de un polémico proceso de selección en 2010. Desde entonces, Qatar enfrentó numerosas críticas por el trato a los trabajadores migrantes y por la situación de los derechos de la mujer y del colectivo LGTB.
La ONG Human Rights Watch acusa a la Policía de detener arbitrariamente y abusar de los miembros de la comunidad LGTB. La homosexualidad es ilegal en Qatar y los críticos aseguran que los derechos de las mujeres están restringidos por leyes de tutela masculina.
También lo acusan por las condiciones de trabajo de los migrantes que construyeron la infraestructura para el Mundial; ahí viven y trabajan 2.5 millones de extranjeros.
Sindicatos internacionales criticaron los estándares de seguridad y las largas horas de trabajo, bajo altas temperaturas, que provocaron numerosas muertes.
Grupos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional insisten que Qatar y la FIFA deberían hacer más para compensar a los trabajadores que murieron o resultaron heridos en estos proyectos.
En concreto, solicitan a la FIFA una indemnización de 440 millones de dólares, equivalente al premio que recibirá el campeón mundial.
A todo ello, el gobierno qatarí, a través del emir Tamim bin Hamad al Thani, respondió diciendo que su país es víctima de una campaña de “fabricaciones y dobles raseros” e insinuó que habría motivos ocultos detrás de las críticas.
