El Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Huánuco, presidido por el magistrado Abraham Limaylla Torres, declaró fundada la demanda presentada por el Ministerio Público y ordenó la extinción de dominio de 255 mil 600 dólares americanos, equivalentes a más de un millón de soles, que fueron hallados en poder de Milagros Naim Culquicondor Ruiz (30). La mujer no pudo justificar la procedencia legal del dinero, lo que llevó a determinar que se trataba de capital de origen ilícito.
La intervención ocurrió el 11 de marzo de 2024, en el control policial Las Palmas, en Tingo María, provincia de Leoncio Prado. Durante una inspección rutinaria a un bus interprovincial de la empresa Transmar, agentes de la División de Insumos Químicos de la Dirandro detectaron que la pasajera Culquicondor Ruiz transportaba grandes fajos de billetes americanos escondidos en su equipaje y cartera.
La mujer alegó que el dinero provenía de la minería, pero no presentó documentos que respalden dicha versión. Por orden de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada, fue detenida y posteriormente el juez Adler Justiniano Guerra dictó 18 meses de prisión preventiva por presunto lavado de activos, en la modalidad de transporte de dinero de procedencia ilícita.
En el proceso judicial también intervino Carlos Moisés Cajachaua García, quien aseguró que el dinero era suyo y estaba destinado a la compra de terrenos. Sin embargo, su versión fue desestimada por no contar con pruebas que acrediten la operación.
Tras la evaluación del caso, el juez Limaylla Torres concluyó que los fondos incautados carecían de respaldo legal, por lo que ordenó que el dinero pase a manos del Estado peruano. Esta sentencia marca un precedente en la lucha contra el lavado de activos y reafirma la decisión judicial de cortar los vínculos económicos del crimen organizado en la región Huánuco.
