En los últimos años, el Perú ha sido testigo de sucesos inquietantes: la muerte de individuos que poseían información crucial en investigaciones judiciales o tramas políticas complejas. La reciente desaparición de José Miguel Castro, exgerente municipal y pieza fundamental en el caso contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha provocado una honda preocupación en la opinión pública. Las circunstancias que rodean su deceso aún permanecen bajo investigación. Este lamentable hecho se suma a una lista de casos similares que generan interrogantes sobre la seguridad de quienes colaboran con la justicia en casos de corrupción de alto nivel.
Según la investigación publicada por El Comercio, la muerte de José Miguel Castro, aunque de gran repercusión, no es un caso aislado. A lo largo de la última década, otros testigos o personajes clave en procesos judiciales también han perdido la vida en circunstancias que, en muchos casos, no han sido completamente esclarecidas.
José Miguel Castro, hallado sin vida el 29 de junio de 2025, fue un hombre de confianza de Susana Villarán durante su gestión como alcaldesa de Lima (2011-2014). Castro ocupó cargos importantes como la presidencia del directorio de la Caja Metropolitana de Lima y la gerencia corporativa de Finanzas antes de ascender a gerente general en enero de 2012, momento en que el proceso de revocación contra Villarán ganaba impulso. En su momento, Villarán defendió públicamente a Castro ante las acusaciones de irregularidades en la Caja Metropolitana, calificándolas como un intento de “manchar la honra” de un hombre honesto.
El caso Lava Jato marcó un punto de inflexión en la relación entre Villarán y Castro. Ambos fueron investigados por la Fiscalía por presuntos pagos ilícitos destinados a las campañas del “No” a la revocación y a la reelección de la alcaldesa. En abril de 2018, sus viviendas fueron allanadas por el Ministerio Público. Sin embargo, fue la declaración de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, la que complicó aún más la situación. Barata afirmó que se entregaron US$3 millones para la campaña contra la revocación, y que Villarán agradeció el aporte vía telefónica. De este monto, US$1 millón habría sido entregado directamente a José Miguel Castro.
En 2022, Villarán fue acusada formalmente de liderar una organización criminal dentro de la Municipalidad de Lima, enfrentando una solicitud de 29 años de prisión por parte de la fiscalía. Castro también figuraba entre los acusados, pero había optado por colaborar con la justicia bajo la figura de colaborador eficaz. La fiscalía acusó a la presunta red criminal de haber recibido más de US$10 millones en aportes ilícitos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, a cambio de favorecerlas con obras públicas durante la gestión de Villarán. La muerte de Castro, cuyo testimonio se esperaba fuera crucial en el juicio que iniciará el 23 de septiembre, representa un duro golpe para la investigación.
Otro caso resonante es el de Andrea Vidal, acribillada el 10 de diciembre de 2024. El ataque, perpetrado en La Victoria, dejó cuarenta impactos de bala en el taxi en el que viajaba. Vidal, extrabajadora del Congreso, habría sido el blanco del atentado, según denuncias periodísticas que apuntaban a una presunta red de prostitución al interior del Parlamento, liderada por Jorge Torres Saravia, jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Aunque la Comisión de Fiscalización del Congreso no encontró evidencia de la red, sí constató irregularidades en las contrataciones de personal en la oficina de Torres Saravia, quien fue destituido tras el escándalo.
