Saldarriaga ofreció testimonio en la investigación contra la presidenta Boluarte y otros líderes políticos, fallece mientras su declaración sigue siendo vital para el caso
Marcela Saldarriaga, una figura importante y testimonio crucial en la investigación en curso contra la presidenta Dina Boluarte por presunto financiamiento ilegal de campaña y lavado de activos, murió el jueves, según informó el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Saldarriaga, quien había estado luchando contra una enfermedad desde diciembre de 2022, se presentó voluntariamente a la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos para ofrecer testimonio en el caso que involucra a Boluarte, al presidente Pedro Castillo, y al empresario Henry Shimabukuro.
Según informes, Saldarriaga era una pieza fundamental en el caso, ya que corroboró la existencia de una supuesta “agenda secreta” de donaciones no declaradas. El caso fue destapado inicialmente por Maritza Sánchez, una figura cercana a Castillo.
Se registró una reunión entre Boluarte y el empresario pesquero en la agenda, a pesar de que él ha negado cualquier conocimiento de dicha reunión. Sin embargo, Shimabukuro y Sánchez acusaron a Boluarte de haber solicitado 150.000 soles para financiar actividades políticas, una acusación que Boluarte ha negado vehementemente, calificándola de “maniobra política oscura”.
A medida que el caso se despliega, la pérdida de Saldarriaga podría presentar un revés significativo para la Fiscalía. Su testimonio y la evidencia que presentó podrían haber jugado un papel importante en la resolución de la investigación.
La noticia del fallecimiento de Saldarriaga llega el mismo día que el Congreso autoriza a Boluarte a viajar a Brasil para la Cuarta Reunión de Presidentes de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica. Este será el primer viaje internacional de Boluarte en calidad de jefa de estado.
Dato adicional: El presunto financiamiento ilegal de la campaña es un tema de creciente preocupación en América Latina, donde se están tomando medidas para mejorar la transparencia y la responsabilidad en la financiación política. En Perú, el delito de financiamiento ilegal de la campaña puede llevar a penas de hasta 8 años de prisión.
