MTC admite contratos, pero niega responsabilidad de la gestión actual en obras viales

El ministerio precisa que los acuerdos —incluido el tramo Cerro de Pasco–Tingo María— se firmaron por orden judicial impugnada y por funcionarios de la gestión anterior
La existencia de contratos de obra en tres proyectos viales estratégicos del país no está en discusión. Lo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) busca negar es que la actual gestión haya decidido o suscrito acuerdos con empresas de origen chino. Según precisó Provías Nacional (PVN), las firmas se realizaron por mandato judicial, hoy impugnado, y fueron ejecutadas por funcionarios designados durante la administración previa.


El pronunciamiento oficial se produce tras cuestionamientos públicos por la firma de contratos en proyectos ubicados en Áncash, Pasco–Huánuco y Tacna. De acuerdo con el MTC, atribuir estas decisiones a la gestión vigente “distorsiona los hechos”, ya que las resoluciones judiciales obligaron a formalizar contratos cuya legalidad aún está bajo revisión en sede judicial.


En el caso que involucra directamente a Huánuco, el ministerio señaló que el Tramo I de la Carretera DV. Cerro de Pasco–Tingo María, entre DV. Cerro de Pasco y San Rafael, forma parte de los proyectos alcanzados por estas órdenes judiciales. Según indicó PVN, se trata de una vía de alto impacto territorial, clave para la conectividad entre la sierra central y la selva.


Contratos firmados por orden judicial, no por decisión política


El MTC sostuvo que los contratos de obra en los tres proyectos fueron firmados exclusivamente por orden de jueces, resoluciones que la Procuraduría Pública del MTC mantiene impugnadas al considerar que podrían afectar los intereses del Estado. Conforme manifestó el sector, estas impugnaciones buscan que se revise la legalidad de las órdenes sin comprometer la continuidad responsable de las obras.
La entidad precisó que los magistrados que dispusieron la firma de los contratos han sido puestos en conocimiento de los órganos de control del Poder Judicial. Según el ministerio, esta acción se adoptó respetando la separación de poderes y el marco del Estado de derecho, sin interferir en la autonomía jurisdiccional.


Respecto a las firmas materiales, el MTC detalló que fueron realizadas por el jefe de la Oficina General de Administración de Provías Nacional, designado por el entonces director ejecutivo de la entidad. Ambos cargos correspondían a funcionarios de confianza de la gestión anterior, formalizados mediante la Resolución Directoral N.° 785-2025-MTC/20, del 22 de agosto de 2025, y la Resolución Ministerial N.° 563-2025-MTC/01, del 15 de agosto de 2025.


Control, transparencia y deslinde institucional


El ministerio remarcó que ningún funcionario nombrado por la actual gestión ha suscrito contratos con empresas de origen chino. Según indicó, la aclaración apunta a establecer un deslinde institucional claro entre la existencia de contratos y la responsabilidad política por su suscripción.


Como parte de las medidas de control, el MTC informó que el 31 de octubre de 2025 el ministro Aldo Prieto Barrera solicitó a la Contraloría General de la República el inicio de acciones de control sobre diversos contratos de obra. El pedido puso especial énfasis en el Mejoramiento de la Carretera Boca del Río–Tacna, ejecutada en los distritos de Tacna, Sama y La Yarada Los Palos.


De manera complementaria, el Viceministerio de Transportes, mediante el Memorando Múltiple N.° 74-2025-MTC/02, del 6 de noviembre de 2025, dispuso que la nueva directora ejecutiva de Provías Nacional —designada por la Resolución Ministerial N.° 764-2025-MTC/01, del 27 de octubre de 2025— adopte acciones correctivas inmediatas respecto de los tres contratos firmados por disposición judicial.


Qué está en juego para Huánuco y la ruta central


El MTC subrayó que los proyectos bajo revisión son estratégicos para el desarrollo territorial y la integración regional. En el eje Pasco–Huánuco, la carretera Cerro de Pasco–Tingo María es presentada como una vía clave para el tránsito de personas, mercancías y servicios, por lo que —según el sector— la revisión legal no busca paralizar la obra, sino ordenar los procesos y proteger los recursos públicos.


El ministerio cerró su comunicado reafirmando su compromiso con la transparencia, la defensa de los intereses del Estado y la continuidad responsable de las obras públicas. En adelante, el desenlace de las impugnaciones judiciales y las acciones de control en Provías Nacional marcarán si estos contratos se mantienen, se ajustan o se reencauzan, sin afectar la conectividad de Huánuco con el corredor central del país.