Un grupo de ciudadanos que participó en recientes procesos de selección convocados por la Municipalidad Provincial de Huánuco denunció públicamente presuntas irregularidades en los concursos CAS. Los postulantes aseguran haber sido descalificados a pesar de cumplir los requisitos establecidos, y atribuyen su exclusión a criterios arbitrarios, favoritismo e intervenciones unilaterales del asesor municipal Baltazar.
Uno de los denunciantes afirmó que fue excluido del proceso por presuntamente presentar su expediente “fuera de orden”, a pesar de haber seguido las indicaciones de las bases del concurso. “Mi sobrina y yo presentamos los documentos en el mismo orden y solo a mí me descalificaron. No es justo”, declaró. Otros ciudadanos indicaron que enfrentaron situaciones similares, donde fueron eliminados sin una evaluación clara o con argumentos que consideran contradictorios.
Los afectados señalaron además que el asesor Baltazar habría sido la única persona a cargo de las entrevistas personales, lo que —según su versión— vulnera la imparcialidad del proceso. “No había otros miembros del comité. Todo lo decide él, sin presencia de Recursos Humanos ni de los gerentes de área”, manifestó una ciudadana que postuló al área de limpieza pública.
Alegan favoritismo
Los testimonios también apuntaron a la presunta repetición sistemática de nombres en cada convocatoria. “Siempre contratan a las mismas personas, los procesos solo sirven para justificar esas decisiones”, indicó una de las postulantes que afirmó haber participado sin éxito en múltiples convocatorias.
En relación con las entrevistas, varios denunciantes mencionaron haber recibido preguntas consideradas inapropiadas o irrelevantes. “Me preguntaron si necesitaba plata y por qué quería trabajar. Nada relacionado con el puesto”, sostuvo una de las participantes. Otro ciudadano indicó que en procesos anteriores también fue eliminado con razones cambiantes: “Primero dijeron que no tenía experiencia, ahora que mis documentos no estaban en orden”.
De acuerdo con los denunciantes, no se permitió la revisión posterior de sus expedientes ni una justificación documentada del puntaje obtenido en la entrevista personal. “Cuando pedimos que se revisen nuestros documentos delante de nosotros, se negaron. No hay transparencia”, dijo uno de ellos.
Los denunciantes responsabilizaron a la Comisión Evaluadora y al asesor involucrado por no garantizar condiciones mínimas de objetividad en los procesos.
Cuestionamientos
Los ciudadanos también cuestionaron al alcalde provincial, a quien acusan de no intervenir frente a las denuncias ciudadanas. Según su versión, intentaron dialogar con la autoridad edil, pero fueron derivados a otras oficinas sin obtener respuestas. “El alcalde dice que no le corresponde, pero es su gestión”, expresó una de las postulantes.
En algunos casos, se reportaron supuestas actitudes hostiles por parte de autoridades municipales. Una denunciante aseguró haber sido insultada verbalmente cuando pidió que se anule su entrevista personal. “Me dijo que no había sitio y que no lo molestara más. Eso no es trato para un ciudadano”, afirmó.
Además, los denunciantes señalaron que, en su experiencia, la Oficina de Control Interno y la Contraloría no estarían fiscalizando los procesos de selección. “La Contraloría debería verificar estos concursos, pero no actúa. Parecen estar de adorno”, señaló uno de los afectados. También cuestionaron la permanencia del mismo grupo evaluador en distintos concursos, lo que —según indican— favorece posibles decisiones previas.
Anuncian acciones legales
Frente a esta situación, los ciudadanos afectados informaron que presentarán una denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo, la Sunafil y el Ministerio Público. Según expresaron, el objetivo es que estas instituciones fiscalicen los procedimientos, determinen responsabilidades y garanticen condiciones mínimas de equidad en futuras convocatorias.
“Vamos a llevar esta denuncia hasta las últimas consecuencias. Esto no es solo por mí, es por todos los que seguimos siendo eliminados sin explicación válida”, declaró una de las postulantes. Agregó que, si bien no se cobra una tasa de inscripción, los gastos asumidos por los ciudadanos (impresiones, trámites y tiempo) representan una inversión que no debería ser despreciada por procesos que califican como “direccionados”.
Según indicaron, más de 20 personas habrían sido afectadas por situaciones similares. Algunos han postulado en varias ocasiones con resultados similares. “Si ya tienen a su personal elegido, que no hagan convocatorias falsas. Solo nos hacen perder tiempo y dinero”, concluyeron.
