En el auditorio de la Municipalidad Provincial de Huánuco se realizó una reunión de coordinación entre autoridades provinciales, funcionarios de áreas administrativas y alcaldes de los centros poblados, con el objetivo de revisar el impacto de la nueva norma que dispone asignar el 75% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a cada centro poblado. Durante el encuentro, representantes de la comuna provincial sostuvieron que, aunque la vigencia formal se fija desde el 1 de enero de 2026, el efecto del ajuste presupuestal “podría verse” con mayor claridad a partir de marzo de 2026, debido al proceso de recaudación y transferencias de recursos.
De acuerdo con lo expuesto por los participantes, el eje de la reunión fue orientar a los alcaldes sobre cómo presentar planes y proyectos dentro de los criterios permitidos por la norma y la gestión pública local. En ese marco, se mencionó que los proyectos deberán priorizar intervenciones bajo tres conceptos: ampliación, mejoramiento y mantenimiento, vinculados a servicios públicos como vías, canales, limpieza pública y pequeñas infraestructuras. Funcionarios municipales indicaron que el propósito es traducir el incremento esperado en acciones concretas que mejoren la prestación de servicios a la población.
Según lo manifestado en la sesión, varios alcaldes y funcionarios coincidieron en que la discusión no se reduce a recibir más dinero, sino a sustentar técnicamente lo que se pretende ejecutar. Desde la Municipalidad Provincial se insistió en que todo planteamiento deberá contar con perfil o estudio técnico, además de un presupuesto coherente, debido a que —según señalaron— el recurso sigue siendo limitado y no todos los proyectos pueden pasar directamente a ejecución.
En la reunión se planteó que, por las restricciones operativas, muchas iniciativas podrían comenzar por la fase de formulación: elaboración de perfiles, expedientes o presupuestos referenciales. Funcionarios presentes indicaron que la flexibilidad en los términos “ampliación”, “mejoramiento” y “mantenimiento” permitiría encajar proyectos pequeños que los centros poblados vienen promoviendo, siempre que se vinculen con servicios públicos. La idea —según afirmaron— es que esas “pequeñas ampliaciones” y “pequeños proyectitos” se conviertan en realidad y no queden paralizados por falta de encaje legal.
En ese contexto, también se señaló la necesidad de que los planes de trabajo se elaboren con un criterio definido. Durante la sesión se dejó abierta una disyuntiva operativa: proyectar bajo el parámetro del 75% de la UIT —que, según la versión expuesta, correspondería al nuevo escenario— o mantener referencias previas como el 50%, lo que para algunos asistentes podría implicar incertidumbre en el corto plazo.
Uno de los tramos más sensibles de la reunión se centró en el destino del incremento del Foncomun. Participantes indicaron que la norma orienta el incremento hacia proyectos de inversión, pero también se resaltó que se habría incorporado una disposición que permitiría realizar transferencias a municipalidades de centros poblados, lo cual fue presentado como un “candado” para evitar que los centros poblados queden fuera del reparto. De acuerdo con lo señalado por los expositores, esto implicaría que la municipalidad provincial o distrital estaría habilitada —y en la práctica obligada— a transferir recursos.
