Una morgue sin frigorífico, vehículos en condición inservible y maleza creciendo entre cadáveres. Esa es la realidad crítica del Instituto de Medicina Legal en Tingo María, una instalación del Ministerio Público que, lejos de operar con eficiencia, funciona al borde del colapso técnico y sanitario.
Ubicada en el sector 7 de mayo del distrito de Castillo Grande, la morgue de la provincia de Leoncio Prado carece de sistemas de refrigeración para conservar cuerpos, por lo que los profesionales forenses se ven obligados a improvisar con métodos obsoletos y poco adecuados para las labores periciales.
Esta situación no solo afecta la integridad de los restos humanos, sino que también pone en riesgo la cadena de custodia y el desarrollo de las investigaciones judiciales.
Pero el problema va más allá de la infraestructura: los vehículos asignados al servicio forense están fuera de funcionamiento y enfrentan procesos judiciales, lo que ha convertido la morgue en un depósito improvisado de unidades abandonadas.
A ojos de la comunidad, el espacio parece más un taller informal o chatarrería estatal que un centro especializado para la administración de justicia.
A la falta de refrigeración y de movilidad operativa se suma otro problema estructural: la morgue no cuenta con un servicio eléctrico estable, lo que ha provocado la paralización de los peritajes en más de una ocasión.
Según fuentes locales, se han presentado cortes prolongados sin respuesta técnica o presupuestal desde las instancias superiores del Ministerio Público.
El perímetro del local también presenta condiciones indignas: la maleza ha invadido los alrededores, dificultando el ingreso de usuarios, personal y unidades. La escena no es solo preocupante desde el punto de vista sanitario, sino también desde una dimensión simbólica: la falta de mantenimiento y atención refleja el abandono de una función esencial del Estado.
La morgue de Tingo María cumple una función clave para la administración de justicia penal, civil y humanitaria, ya que es el punto de partida para esclarecer muertes violentas, feminicidios, accidentes fatales y hechos criminales de alto impacto. Sin embargo, su precariedad estructural actual compromete la eficacia legal y la verdad científica en cada uno de estos casos.
