En una reciente entrevista, Lucila Pautrat, ingeniera forestal, advirtió sobre las graves consecuencias de la reciente modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre por el Congreso peruano. Esta decisión ha generado alarma internacional, con embajadas de países como el Reino Unido, Canadá, Alemania y Bélgica expresando preocupación en un comunicado conjunto. Además, la Asamblea de Gobernadores Regionales ha pedido la derogación de la Ley.
Pautrat explicó que la modificación elimina la necesidad de estudios de suelos para el cambio de uso de tierras forestales, lo que podría intensificar la deforestación. Según la Constitución y la Ley Orgánica de Aprovechamiento de Recursos Naturales, las tierras forestales no pueden ser adjudicadas en propiedad, sino solo concesionadas. La eliminación de regulaciones clave podría afectar derechos colectivos de pueblos indígenas.
En las últimas décadas, aproximadamente 11 millones de hectáreas de tierras forestales en Perú han sido invadidas para monocultivos agroindustriales, sin estudios de impacto ambiental ni autorizaciones. La nueva ley busca formalizar estas ocupaciones irregulares, favoreciendo a grandes consorcios empresariales y generando tráfico de tierras e invasiones.
Esta situación ha causado un rechazo masivo, con medidas legales presentadas para corregir la irregularidad. La preocupación internacional se centra en el incumplimiento de Perú de sus compromisos internacionales, incluyendo la deforestación cero acordada en la COP 15 de la Cumbre de Cambio Climático y cláusulas del Anexo Forestal del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
La defensa de la Amazonía es crucial para la mitigación del cambio climático y la conservación de fuentes de agua dulce.
