Por: Víctor Cuadros Ojeda
Se ha abierto un debate en torno a una corriente de opinión contraria al modelo económico de nuestro país, al considerar que los actos de corrupción están vinculados a dicho modelo, y no les falta la razón.
Desde que el modelo económico denominado neo liberal, sustentado en la economía de mercado aplicado en el Perú, la actividad económica recayó en las empresas privadas, como resultado de la privatización (o venta/remate) de las empresas públicas.
Tampoco les falta la razón, al señalar que se tuvo que diseñar, mediante la reestructuración del Estado, mecanismos legales y técnicos para que las empresas privadas puedan contratar con los tres niveles de gobierno; nacional, regional y municipal. La idea era, que el sector privado garantizaría la calidad de las construcciones de infraestructura, y que los contratos, luego de pasar por todas las regulaciones implementadas por el Estado, se les diera la buena pro mediante concursos transparentes, hoy sabemos que esto no fue así, se crearon instrumentos “legales” denominados Decretos de Urgencia (Consagrada normativamente por la Constitución del Perú del 1933, la que aplicó desde la Constitución del 1979), con lo cual se convirtieron para que el presidente de la República y su ejecutivo direccionen la política y gestión del gobierno de turno, apelando a la frase “Declarar de necesidad publica, interés nacional y de ejecución prioritaria…”, de allí que, por ejemplo, se les “exoneró” algunos procedimientos que permitieran transparencia en las licitaciones, no se respetaron y pasaron por “encima” de estos controles.
Se facilitó en “bandeja” para cometer actos ilícitos (en contra de la ética y la moral), lo hicieron a través de lo que se denomina la CORRUPCIÓN ORGANIZADA, porque, de otra forma no se podrían implementar (los actos ilícitos). Y hoy se evidencia, que se organizó desde las altas esferas del Gobierno Central y de allí a los gobiernos regionales y municipales. La telaraña de la corrupción se tuvo que “construir” de arriba hacia abajo, no cabían “cabos” sueltos, tenía que institucionalizarse, para luego convertirse en una CORRUPCIÓN POLÍTICA (lo trataremos en otro oportunidad).
Pichado (2007), señala: “Aunque hay que estar claro que la corrupción que se da en el gobierno cuenta en una buena parte de los casos con la complicidad del sector privada, el cual apoya y sustenta un ´modus vivendi´ que genere ganancias extraordinarias (el “rent-seecking” a lo Krugman)”. Esta aseveración no está lejos de ser cierta en nuestro país, y como el mismo autor se pregunta es un ¿Mal necesario? Considera que la ineficiencia del sector público favorece a la corrupción, y añade: “Que algunos sostienen que en un sistema donde exista una corrupción bien organizada es menos dañina al crecimiento económico, ya que los empresarios saben a quién van a sobornar y pueden cuantificar la parte de sus ganancias que van a dedicar a comprar funcionarios”
“Por el caso Odebrecht, el Producto Interior Bruto (PIB) del Perú dejará de crecer este año entre un 0,5 % y un 1 % a causa de la paralización de la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP), y que la suspensión de las obras es una de las razones por las que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) rebajó la proyección del crecimiento de la economía peruana para 2017 del 4,8 % al 3,8 %” (Inversión & Finanzas. Como 21-02-17). Esto significa, no sólo pérdidas económicas para el gobierno, pérdidas sociales para los trabajadores que se quedaron sin empleo y pérdidas para las actividades económicas colaterales que generaban las obras paralizadas, pero la más grande es la PERDIDA DE LOS VALORES, PRINCIPIOS, LA MORAL Y LA ÉTICA que está repercutiendo en toda la ciudadanía.
Después de la caída del muro de Berlín, conocimos los niveles de corrupción que se dieron en las llamadas economías socialistas o comunistas, las mismas que se establecieron en nombre de los trabajadores, de los campesinos y de los más pobres. Actualmente de los pocos países bajo este régimen político, sabemos que esta práctica continúa y la forma de corregirla es con la pena de muerte.
Los llamados países emergentes, no se escapan de esta práctica (Corrupción organizada) ni que decir de los países más industrializados (Grupo de los 8). Podemos colegir que la corrupción no hace distinción del modelo económico –político que se adopte.



