Minnesota: Distritos escolares demandan a agencia migratoria por redadas cerca de escuelas

Dos distritos escolares de Minnesota demandan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por operaciones de inmigración cerca de colegios. Alegan que la “Operación Metro Surge”, con hasta 3,000 agentes, generó un clima de miedo y una caída del 30% en asistencia, afectando a miles de estudiantes.

El pasado miércoles 15 de noviembre, las Escuelas Públicas de Fridley y Duluth, en Minnesota, presentaron una demanda federal contundente. Acusan al DHS de que su “Operación Metro Surge”, con el despliegue de hasta 3,000 agentes, está interrumpiendo las operaciones escolares y afectando a más de 20,000 estudiantes con temor y una marcada baja en la asistencia.

Según la investigación publicada por K-12 Dive, este litigio subraya una tensión crucial entre la aplicación de leyes migratorias y el derecho a la educación. Desde principios de 2017, una política federal revocó protecciones de “lugares sensibles” como escuelas, una salvaguarda que había estado vigente por más de 40 años en Estados Unidos.

Un despliegue de 3,000 agentes siembra pánico en dos distritos

Las Escuelas Públicas de Fridley y las Escuelas Públicas de Duluth, con el respaldo de la unión de educadores de Minnesota, son los dos distritos que han llevado al DHS ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Minnesota. Argumentan que la “Operación Metro Surge”, que ha desplegado hasta 3,000 agentes en el área metropolitana de Twin Cities —una zona que abarca aproximadamente 1,200 millas cuadradas—, ha creado una “atmósfera de miedo” palpable. Este miedo se extiende a familias, incluyendo ciudadanos nativos, naturalizados e inmigrantes legalmente presentes, impactando la estabilidad de una población estudiantil que supera los 20,000 alumnos entre ambos distritos.

¿Cómo afecta la vigilancia diaria a los pasillos escolares?

La presencia ampliada de agentes federales ha alterado drásticamente las rutinas escolares. La demanda, detallada por K-12 Dive, cita avistamientos de agentes cerca de colegios, docenas de preescolares y más de 200 paradas de autobús, e incluso casos de detención de padres cerca de las propiedades escolares. Un director de primaria, por ejemplo, revisa el perímetro del campus hasta 3 veces al día en busca de agentes del DHS, mientras que el superintendente de Fridley patrulla personalmente las zonas cercanas a las escuelas cada tarde, dedicando horas adicionales a estas tareas. Esta vigilancia constante genera una ansiedad que desvía la atención de la misión educativa fundamental.

El fin de una era: políticas de ‘lugares sensibles’ en la mira

El núcleo de este desafío legal es la anulación de una política de la administración Trump, emitida a principios de 2017. Esta rescisión eliminó protecciones de “lugares sensibles” que, durante más de 40 años, habían limitado la aplicación de la ley de inmigración en entornos como escuelas, hospitales y lugares de culto. Aunque el DHS insiste en que las operaciones en escuelas son “extremadamente raras”, K-12 Dive ha documentado más de 20 incidentes en los últimos meses, evidenciando una realidad muy diferente.

¿Están los estudiantes pagando el costo académico del miedo?

Los distritos escolares reportan un impacto directo en la asistencia y el rendimiento académico. Las Escuelas Públicas de Fridley informaron una disminución de casi un 30% en la asistencia durante la “Operación Metro Surge”, con aproximadamente 400 familias optando por el aprendizaje a distancia, lo que podría requerir recursos de recuperación por valor de miles de dólares. Una investigación del profesor Thomas Dee de la Universidad de Stanford, publicada en 2017, ya había demostrado que redadas de inmigración en la segunda administración Trump se asociaron con un aumento del 22% en las ausencias diarias en cinco distritos escolares de California, afectando más a los estudiantes más jóvenes. Además, el 9 de enero, tras el asesinato de Renee Good por agentes de ICE en Minneapolis, aproximadamente el 50% de los estudiantes hispanohablantes y el 25% de los somalíes en las Escuelas Públicas de St. Paul estuvieron ausentes, afectando indirectamente a más de 100 familias.

Recursos desviados: el impacto económico y operativo en la educación

Más allá de la asistencia, los distritos han tenido que desviar recursos cruciales. Se estima que más de 100 horas de personal de las escuelas en Minnesota se han desviado para atender nuevas funciones, como trabajadores sociales que ahora entregan alimentos a familias demasiado asustadas para ir de compras en persona, una tarea que puede tomar hasta 15 minutos por entrega. La demanda incluso alega que agentes han seguido al personal durante estas entregas. Además, se han implementado medidas de seguridad adicionales con un costo estimado de al menos 10,000 dólares anuales. Escuelas en al menos 4 estados —Minnesota, Maine, Illinois y California— han cerrado temporalmente, cambiado al aprendizaje a distancia o ajustado horarios en respuesta a la actividad migratoria cerca de sus campus, impactando a decenas de miles de estudiantes.

Un hito legal que desafía décadas de precedentes

A diferencia de desafíos legales anteriores presentados por padres o grupos de defensa, este caso es uno de los primeros interpuestos directamente por distritos escolares. Los abogados de los distritos argumentan que el cambio de política socava décadas de precedentes, más de cuatro décadas, que establecían a las escuelas como espacios seguros y neutrales para los estudiantes, sin importar su estatus migratorio.

¿Qué significa este precedente para el futuro educativo del país?

La resolución de esta demanda podría tener profundas implicaciones nacionales, redefiniendo cómo las políticas de aplicación de la ley de inmigración se cruzan con los sistemas de educación pública en Estados Unidos. Este caso no solo afectaría a las comunidades de Minnesota, sino que establecería un precedente legal que podría impactar a los más de 13,000 distritos escolares y a los casi 50 millones de estudiantes en todo el país, determinando si las escuelas pueden seguir siendo santuarios de aprendizaje o se convertirán en nuevos frentes de vigilancia migratoria.

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