En el marco de las rondas de diálogo organizadas por el Gobierno de Dina Boluarte para debatir la aplicación de la pena de muerte en casos de violación de menores, el jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia (Minjus), Juan Falconi, destacó la importancia de esta medida como parte de una estrategia más amplia para combatir la criminalidad en el país. Según informó Ricardo Mc Cubbin para Infobae, la primera reunión de este tipo se llevó a cabo en La Libertad, donde la iniciativa generó opiniones encontradas entre representantes de diversas instituciones y la ciudadanía.
Un debate necesario ante el clamor ciudadano
Durante su intervención, Falconi sostuvo que la pena de muerte “es parte de un conjunto de medidas que se tiene que tomar para demostrar la convicción, el compromiso del país, del Estado, del Gobierno contra la criminalidad que nos está agobiando”. Asimismo, subrayó que la medida responde al sentir de la población, que exige soluciones drásticas ante delitos como la violación de menores y otros crímenes graves.
“Hay más de 12 mil personas en la población penitenciaria por haber violado niños (…). Muchas familias se sienten afectadas, dolidas, y solo ver el juzgamiento y la pena de cárcel puede resultar insuficiente”, afirmó.
Falconi también enfatizó que este tipo de rondas de diálogo permite recoger las percepciones y demandas actuales de la ciudadanía. “Creo que sí hay un desfase entre el status quo y el sentir de la población. Por eso es tan importante este debate, para recoger lo que siente la población y adaptarlo a las necesidades actuales”, añadió.
Posiciones encontradas en el debate
El conversatorio realizado en La Libertad reunió a representantes del Colegio de Abogados, la Iglesia Católica y ciudadanos locales. Mientras las instituciones mostraron reservas o rechazo a la pena de muerte, la población expresó un respaldo mayoritario. Según una encuesta realizada al finalizar el evento, más del 90% de los asistentes se mostró a favor de la medida.
Sobre esta discrepancia, Falconi comentó:
“Acá lo que importa es saber cuál es la posición de la población, qué es lo que reclama. Durante entrevistas en Trujillo, varios periodistas expresaron públicamente su apoyo porque ven el incremento de delitos execrables como el sicariato y la violación”.
Sin embargo, el representante de la Iglesia Católica en el evento, el padre Ricardo Angulo Bazauri, cuestionó al Minjus por mencionar a países como Irán y Arabia Saudita como ejemplos de aplicación de la pena de muerte. Al respecto, Falconi respondió:
“Arabia Saudita no es una cultura católica y cristiana, pero es un país que integra la ONU y tiene compromisos internacionales. El objetivo no fue ponerlos como ejemplos a seguir, sino demostrar que existen países que aplican esta medida dentro de su marco legal”.
Planes del Minjus para extender el debate
El vocero del Ministerio de Justicia reveló que el objetivo de estas rondas de diálogo es recorrer todas las regiones del país en los próximos tres meses. Aunque reconoció limitaciones presupuestarias, indicó que se han planteado alternativas como realizar eventos en macrorregiones o aprovechar la cercanía entre algunas localidades.
“Piura y Tumbes están muy cerca, lo que nos permitiría realizar un evento conjunto. Pero el esfuerzo y el deseo es recorrer todas las regiones del Perú”, señaló.
Además, resaltó la importancia de involucrar a diversos sectores sociales en el debate:
“La idea es que participen más sectores representativos, como gremios de transportistas o dueños de tiendas de abarrotes, quienes también son víctimas de extorsión y otros delitos graves”.
Implicaciones internacionales y desafíos legales
Uno de los mayores desafíos para implementar la pena de muerte en Perú sería la desvinculación del país del Pacto de San José, tratado internacional que protege los derechos humanos y limita la aplicación de esta medida. Si se concretara esta desvinculación, los ciudadanos peruanos ya no podrían recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en caso de vulneraciones a sus derechos.
“Es un tema complejo que debe ser analizado cuidadosamente para evitar conflictos legales e internacionales. Pero el objetivo del debate es evaluar todas las opciones posibles”, aseguró Falconi.
