En el marco de la creciente ola de criminalidad que afecta al país, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha puesto sobre la mesa una propuesta que busca modificar el marco legal vigente. Durante un evento en la Municipalidad de Ica, al que también asistió el congresista de Fuerza Popular, Raúl Huamán Coronado, el titular del Ministerio del Interior solicitó formalmente al Congreso la revisión de una norma que permita procesar penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años por el delito de extorsión.
“Queremos a los niños. Respetamos a los niños, pero no podemos negar que los adolescentes con capacidad de discernimiento, hoy por hoy, se están involucrando con organizaciones criminales”, declaró Santiváñez en su intervención, dejando en claro la urgencia de debatir esta problemática en el Parlamento. Según Renato Silva para Infobae.
Si bien en noviembre de 2023 el Congreso ya aprobó una normativa que permite el procesamiento penal de adolescentes en casos de sicariato, el ministro busca ampliar este marco legal para abarcar la extorsión, delito que se ha convertido en un grave flagelo en diversas regiones del país.
Los menores y el crimen organizado
El argumento del ministro Santiváñez se basa en recientes operativos policiales que han evidenciado la participación de menores en delitos violentos. Uno de los casos que mencionó fue la captura de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, donde se detuvo a un adolescente que, según la policía, “tenía más de 10 cartuchos de dinamita y al menos un muerto en su haber”.
Ante esta preocupante realidad, el titular del Mininter insistió en que “si un menor de edad ya tiene plena conciencia del daño que está causando a la sociedad, debería ser procesado como un adulto por ciertos delitos”. Esta afirmación ha generado opiniones divididas, ya que algunos especialistas en derecho penal y derechos humanos consideran que la solución no está en el endurecimiento de penas, sino en la prevención y en la mejora del sistema de rehabilitación juvenil.
Nueva propuesta sobre el delito de receptación
Durante el mismo evento, el ministro Santiváñez presentó una segunda iniciativa legislativa, esta vez enfocada en el delito de receptación, con la finalidad de sancionar a quienes compran celulares robados.
“El que compra a sabiendas un celular o cualquier artículo robado, tiene que irse a la cárcel y tiene que tener pena efectiva”, enfatizó el ministro, subrayando que muchos compradores son plenamente conscientes del origen ilícito de estos dispositivos, los cuales han sido sustraídos en asaltos violentos, a menudo dejando víctimas mortales.
Esta propuesta pretende modificar el Código Penal para establecer penas más severas a los receptadores de objetos robados, en un intento por desalentar el comercio ilegal de celulares y reducir los robos y asaltos callejeros que se han convertido en el pan de cada día en varias ciudades del país.
Asimilación de emergencia de 1.500 agentes PNP
En el marco del plan ‘Control Territorial’ impulsado por el Ministerio del Interior, Santiváñez también anunció una medida urgente para reforzar la presencia policial en las calles: la asimilación acelerada de 1.500 nuevos efectivos de la Policía Nacional del Perú.
“Vamos a iniciar en febrero la asimilación de 1.500 efectivos policiales de emergencia. ¿Por qué le llamamos asimilación acelerada? Porque el requisito para formar parte de este proceso será que sean efectivos que hayan prestado el servicio militar”, explicó el ministro.
Este programa busca reducir el déficit de policías en el país mediante un proceso de formación express de un mes, en el que los nuevos efectivos serán capacitados en “técnicas de investigación, derechos humanos aplicados a la labor policial, el uso de la fuerza”, entre otros aspectos.
En cuanto a la distribución de los nuevos efectivos, Santiváñez aseguró que al menos 100 de ellos serán destinados a la ciudad de Ica, donde los índices delictivos han aumentado considerablemente en los últimos años.
Beca 18 y las juntas vecinales
En el mismo evento, el ministro también abordó una propuesta en favor de los hijos de los integrantes de las juntas vecinales. Informó que, tras conversaciones con el ministro de Educación, Morgan Quero, se ha planteado la posibilidad de otorgar un puntaje adicional en la evaluación para acceder al programa Beca 18 a los hijos de estos ciudadanos comprometidos con la seguridad de sus comunidades.
Según la propuesta, para acceder a este beneficio, los postulantes solo deberán presentar un documento que acredite la permanencia de sus padres en una junta vecinal por un período continuo de al menos dos años.
Este incentivo busca reconocer el esfuerzo de las familias que trabajan de manera voluntaria en la lucha contra la delincuencia, motivando a que más ciudadanos se sumen a estos comités de seguridad local.
Un debate necesario
Las propuestas del ministro Juan José Santiváñez han generado un debate en distintos sectores de la sociedad. Mientras algunos expertos en seguridad ciudadana respaldan la iniciativa de endurecer las penas para menores infractores y combatir la receptación con sanciones más drásticas, otros advierten que es necesario analizar a profundidad las causas estructurales de la criminalidad juvenil antes de optar por medidas punitivas.
Lo cierto es que el fenómeno delictivo en el país sigue en ascenso, y tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen la responsabilidad de encontrar soluciones efectivas y sostenibles para garantizar la seguridad ciudadana sin vulnerar derechos fundamentales.
