El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se encuentra bajo investigación por presunto abuso de autoridad, derivado de acciones supuestamente represivas contra el capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Junior Izquierdo. Esta investigación se inició tras la divulgación de audios que vinculan al ministro con presiones hacia un periodista.
La defensa legal del ministro será asumida por el Estudio Caro y Asociados, una firma que fue contratada mediante adjudicación directa, aprobada el 14 de agosto por el Ministerio del Interior. Esta decisión se tomó luego de que la Fiscalía de la Nación abriera un proceso contra Santiváñez a principios de agosto por presunto abuso de autoridad. Los honorarios de la firma ascienden a S/ 120,000, de los cuales S/ 60,000 corresponden a honorarios fijos, y otros S/ 60,000 se pagarán como comisión de éxito si se logra un resultado favorable para el ministro.
La acusación contra Santiváñez se centra en la presunta utilización indebida de su cargo para iniciar una investigación interna en la Inspectoría General de la PNP, dirigida contra el capitán Izquierdo, quien supuestamente hizo públicos los audios que comprometen al ministro. En dichos audios, Santiváñez habría solicitado al capitán que ejerciera presión sobre el periodista Marco Sifuentes, conductor del programa “La Encerrona”, debido a sus críticas hacia la gestión del ministro.
La Fiscalía sostiene que la investigación interna contra Izquierdo fue una represalia por la divulgación de los audios, lo que constituiría un abuso de poder por parte de Santiváñez. Esta situación ha generado un debate sobre la ética y la transparencia en el uso de fondos públicos, ya que los S/ 120,000 destinados a la defensa legal del ministro provienen del erario nacional.
El proceso de contratación del Estudio Caro y Asociados se llevó a cabo a través del procedimiento de contratación directa N°007-2024-IN-OGAF-OAB, en el cual participaron firmas legales con experiencia en defensa penal. La firma seleccionada cumplió con todos los requisitos legales y presentó la documentación necesaria para acreditar su idoneidad en este caso.
La investigación contra Santiváñez se encuentra en el marco del artículo 399° del Código Penal, que sanciona la negociación incompatible. La Fiscalía investiga si el ministro utilizó su cargo para influir en las decisiones de la Inspectoría General, favoreciendo intereses personales o terceros, lo que configuraría un delito de abuso de poder. Además, la investigación también incluye a otros implicados, como Julio Díaz Zulueta y Anatoly Bedriñana Córdova, señalados como colaboradores en estas acciones.
