El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció sobre el posible pase a retiro de más de 700 oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), una lista en la que se incluiría al coronel Harvey Colchado, conocido por su participación en casos de alto perfil como la intervención en la residencia de la presidenta Dina Boluarte en el marco de la investigación por el caso Rolex. Aunque Santiváñez aseguró que la decisión de retiro no depende ni de la presidenta ni de su gestión, subrayó la necesidad de renovar la plana policial, dando “oportunidad a las promociones que vienen”. Esta declaración, que destaca en el informe de Clara Giraldo para Infobae, generó reacciones en sectores de la sociedad y ha puesto de relieve la controversia en torno a la carrera de Colchado.
Justificación del retiro: “dar paso a nuevas promociones”
Según explicó el ministro, Colchado lleva aproximadamente diez años en el grado de coronel sin haber ascendido, una situación que, según la normativa de la PNP, puede abrir la puerta al retiro. “Una de las causales de pase a retiro es que un oficial cuente con más de cuatro años en el mismo grado. A partir del quinto o sexto año pueden postular a un ascenso, pero si no ascienden y no tienen una vacante, se tiene que dar oportunidad a las promociones que vienen”, explicó Santiváñez en entrevista con Canal N.
Aclaró, además, que el pase a retiro es un proceso gestionado por una Comisión Especial dentro de la PNP, lo que, en teoría, excluye al Ejecutivo de la decisión directa sobre los oficiales a ser retirados. “Ni la presidenta de la República ni yo tenemos injerencia en esta decisión”, sostuvo el ministro. Sin embargo, la posible inclusión de Colchado, un oficial reconocido por su rol en investigaciones de alto impacto, ha suscitado suspicacias y críticas entre aquellos que ven la medida como una represalia disfrazada de renovación.
Repercusiones en la comunidad y solicitud de medidas cautelares ante la CIDH
Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP, ha solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la posibilidad de ser forzado a un retiro que considera arbitrario. Colchado, quien ha liderado investigaciones emblemáticas y participado en intervenciones delicadas, goza de reconocimiento en diversos sectores de la ciudadanía y en el ámbito de la seguridad nacional. Sin embargo, sus investigaciones han involucrado a personajes de la esfera política, lo que, para sus seguidores, ha hecho que su figura sea objeto de decisiones que buscan limitar su influencia.
Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la estabilidad de la carrera de Colchado, viendo en el retiro de oficiales clave de la PNP una acción potencialmente politizada. El respaldo de la CIDH a su solicitud, si se llegara a conceder, podría evitar que el coronel sea retirado y obligaría al gobierno peruano a justificar cualquier decisión en ese sentido. En el informe de Clara Giraldo para Infobae, se observa que la medida ha ganado relevancia en medio de un clima social sensible y en vísperas de la organización del foro APEC 2024 en Lima.
Seguridad reforzada ante el APEC y despliegue policial en zonas críticas
El ministro Santiváñez aprovechó su intervención para detallar los preparativos de seguridad para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), evento internacional de gran envergadura que tendrá lugar en Lima y al que se espera la llegada de líderes de diversas potencias. El ministro afirmó que no se ha descuidado la seguridad en otras áreas de la ciudad, y explicó que se han asignado 8 mil policías para la seguridad del APEC, mientras que 13 mil agentes están desplegados en los 14 distritos declarados en estado de emergencia. Además, señaló que 5 mil policías están preparados para gestionar las movilizaciones sociales que puedan presentarse en paralelo al evento.
Santiváñez afirmó que su despacho ha mantenido reuniones con diversos gremios para alcanzar consensos y evitar manifestaciones que puedan interrumpir las actividades del APEC. Sin embargo, también advirtió sobre la presencia de “infiltrados” en los gremios y señaló que se han registrado detenciones en la comisaría de Cotabambas, donde jóvenes con escudos y armamento improvisado fueron aprehendidos por la policía, una situación que el ministro destacó como una muestra de las medidas preventivas que están en marcha para mantener la seguridad durante el foro.
¿Cambio generacional o represalia encubierta? Debate sobre el pase a retiro de oficiales
El posible retiro de Colchado se enmarca en un proceso general de reestructuración de la PNP que incluye el pase a retiro de oficiales con varios años en el mismo grado. Si bien el ministro del Interior sostiene que esta medida responde únicamente a la necesidad de dar paso a nuevas promociones, algunos analistas consideran que, en el caso de figuras como Colchado, la decisión podría tener un trasfondo político. Colchado ha estado al frente de investigaciones de alto impacto, y su retiro podría interpretarse como una respuesta a su rol en casos que han generado tensiones en el ámbito político.
Para el especialista en seguridad nacional Javier Arroyo, la renovación en las filas policiales es positiva, pero debe realizarse sin atentar contra los derechos de los oficiales y, sobre todo, sin comprometer la continuidad de investigaciones sensibles. “Si bien la renovación es importante, el retiro de oficiales como Colchado podría enviar un mensaje equivocado y afectar la percepción de autonomía de la PNP en temas de investigación de corrupción y crimen organizado”, sostuvo Arroyo en un análisis reciente.
Implicaciones y desafíos para el Ministerio del Interior y la estabilidad institucional
La renovación en los rangos altos de la PNP representa un desafío para el Ministerio del Interior, que debe equilibrar la implementación de políticas de desarrollo institucional sin poner en riesgo la estabilidad de los oficiales en activo. El caso de Colchado, como señala Clara Giraldo en su informe para Infobae, ha generado una percepción de inestabilidad en la estructura policial y ha puesto en evidencia los posibles costos de realizar cambios sin una estrategia de comunicación clara que permita explicar a la ciudadanía los motivos detrás de cada decisión.
Además, la tensión en torno a la situación de Colchado y otros oficiales ocurre en un contexto de creciente desconfianza pública hacia las instituciones. La decisión de la CIDH sobre las medidas cautelares solicitadas podría influir significativamente en la decisión del Ministerio del Interior y servir como un factor de control para garantizar que el pase a retiro se realice conforme a los estándares de derechos humanos.
