La polémica en torno a la regulación de obsequios en el Despacho Presidencial ha escalado, luego de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, defendiera las recientes modificaciones al reglamento sobre los regalos que puede recibir la presidenta Dina Boluarte y su equipo. La controversia se centra en la Directiva 004-2025 de la Subsecretaría General del Despacho Presidencial, que ha sido objeto de críticas por flexibilizar las restricciones sobre la aceptación de obsequios.
Según la investigación publicada por El Comercio, la directiva en cuestión, si bien mantiene la prohibición general para los servidores públicos de solicitar o aceptar regalos, introduce excepciones que han generado suspicacias por la falta de límites en el valor de los presentes aceptables.
Alcántara, en declaraciones a Canal N, argumentó que la nueva directiva simplemente “regulariza” el tratamiento de regalos, donaciones y cortesías, asegurando que cuenta con informes favorables de la Oficina de Integridad, la Oficina de Administración y la Oficina Jurídica. Insistió en que se trata de “regalos simbólicos” entregados en actos oficiales, instando a la prensa a una “interpretación correcta” de la norma.
El ministro subrayó la postura en contra de la aceptación de regalos que puedan comprometer la independencia de los funcionarios públicos. Aclaró que la directiva busca evitar situaciones en las que los obsequios generen obligaciones o compromisos indebidos. No obstante, justificó la recepción de presentes como gestos de cortesía en eventos oficiales, como un embajador que regala algo típico de su país.
La modificación del reglamento ha generado preocupación debido a que el artículo 11 de la Directiva 004-2025 abre la posibilidad de recibir obsequios sin un límite de valor establecido, lo que podría exponer a la mandataria a situaciones de conflicto de interés. Analistas políticos han manifestado su inquietud ante la falta de claridad en los criterios para determinar qué regalos son aceptables y cuáles no.
Adicionalmente, Alcántara salió en defensa de Juan José Santiváñez, jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, destacando su “importante trabajo” de coordinación entre los ministerios y gobiernos locales. Desmintió las acusaciones sobre un presunto gasto excesivo de S/900 mil por parte de dicha oficina, calificando el informe como falso y carente de valor. El ministro justificó la necesidad de la oficina de Santiváñez, argumentando que facilita la coordinación intergubernamental, una tarea que, según él, los despachos ministeriales a menudo no pueden realizar debido a su carga de trabajo.
