El ministro de Justicia, Eduardo Arana, expresó este domingo su condena hacia las acciones de vigilancia no autorizadas llevadas a cabo por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) contra el contralor Nelson Shack. Arana aseguró que ni él ni el Gabinete tenían conocimiento previo de estas actividades, que calificó de “antidemocráticas e ilegales”.
Durante una entrevista con Canal N, Arana instó a la Fiscalía de la Nación a iniciar de manera urgente acciones legales contra los responsables del espionaje. Reveló que si el Gobierno hubiese sido informado sobre estas prácticas, habría exigido una investigación inmediata. “No son permitidas en este Gobierno”, subrayó el ministro, distanciándose de cualquier forma de vigilancia que comprometa la ética gubernamental.
El incidente salió a la luz tras un informe de La República, que documentó un operativo sospechoso el 24 de octubre cerca de la residencia de Shack. Según el informe, personas no identificadas usaron vehículos y un dron para observar el domicilio del contralor, vehículos que luego se confirmó estaban registrados a nombre de un funcionario de la DINI.
Arana también refutó cualquier conflicto entre la Contraloría y el Gobierno, destacando la importancia de la independencia de dicho organismo en su función de supervisión según la Constitución. “¿Cómo vamos a creer que el ejercicio legal va a representar un problema para nosotros?”, cuestionó el ministro, asegurando que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, actualmente bajo investigación por otras acusaciones, respeta y apoya la labor de la Contraloría.
Este incidente plantea serias preguntas sobre la supervisión y el uso de la inteligencia gubernamental en Perú, en un momento donde la transparencia y la conducta ética de los funcionarios públicos están bajo escrutinio intenso.
