El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, ha causado controversia al referirse a la creciente ola de criminalidad que azota a Perú como un “fenómeno cíclico” que pronto alcanzará su punto más alto para luego descender. Durante una entrevista con Exitosa, Manero expresó que la inseguridad ciudadana no es un problema nuevo en el país y destacó los avances del estado de emergencia implementado por el Ejecutivo. Sin embargo, sus declaraciones han generado críticas en medio de un contexto de paralizaciones convocadas por el gremio de transportistas, quienes exigen acciones más contundentes para frenar la delincuencia. Según un informe de Mariana Quilca Catacora para Infobae.
Manero, miembro del gabinete de Dina Boluarte, aseguró que el país ya se encuentra en la etapa de “madurez” de esta crisis y que, en poco tiempo, se debería notar una disminución en los índices de criminalidad. “Probablemente, ya estamos en el pico. Y de hecho, ya vemos algunos resultados en Lima, reconocidos por los propios alcaldes”, declaró el ministro. Sin embargo, tanto ciudadanos como autoridades ediles han manifestado su desacuerdo con esta visión, señalando que la situación actual continúa siendo crítica y que no se perciben mejoras significativas en materia de seguridad.
Inseguridad en aumento: el desafío de la violencia en Perú
La ola de criminalidad en Perú ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos meses, afectando especialmente a sectores como el transporte público, donde los conductores y pasajeros son víctimas frecuentes de extorsiones y robos. Este contexto de inseguridad ha llevado al gobierno a decretar el estado de emergencia en varias zonas del país, lo cual permite un mayor despliegue de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas para enfrentar al crimen organizado.
Sin embargo, pese a las medidas adoptadas, sectores de la población siguen denunciando que las acciones no han sido suficientes. Los gremios de transportistas, en particular, han organizado una paralización para los días 13 al 15 de noviembre, coincidiendo con el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en el que Perú funge como anfitrión. Aunque algunos gremios decidieron no acatar la paralización como un gesto de buena voluntad hacia el evento, insisten en que las demandas ciudadanas no han sido resueltas y que la falta de seguridad afecta la calidad de vida de miles de peruanos.
La postura del ministro Manero sobre la criminalidad: ¿optimismo o desconexión?
En sus declaraciones, Manero buscó transmitir un mensaje de tranquilidad al afirmar que la inseguridad en el país alcanzará pronto su punto máximo y luego comenzará a descender. “Como todo, esto es un ciclo”, sostuvo el ministro, quien también resaltó el compromiso del gobierno en la lucha contra el crimen. Sin embargo, el periodista de Exitosa le recordó que, aunque algunos gremios decidieron no unirse a la protesta, ello no significa que estén satisfechos con la gestión de seguridad del Ejecutivo.
Manero también explicó que la lucha contra el crimen organizado es un proceso lento, indicando que las operaciones de inteligencia de la PNP pueden tardar de tres a cuatro meses en rendir resultados. “Al extorsionador lo detienes un día y alguien lo reemplaza”, afirmó el ministro, quien enfatizó la necesidad de paciencia y de un trabajo sostenido en el tiempo para erradicar el crimen. Sin embargo, este comentario ha sido interpretado por algunos sectores como un intento de minimizar la gravedad del problema y de eludir la responsabilidad de ofrecer soluciones concretas.
Opiniones de los alcaldes: visiones divididas sobre el estado de emergencia
Mientras que el ministro Manero se mostró optimista respecto a la efectividad del estado de emergencia, los alcaldes de algunos distritos afectados han presentado opiniones divididas. Alfredo Reynaga, alcalde de Independencia, expresó su descontento, afirmando que “no se ha sentido absolutamente ningún solo cambio” y que, a su juicio, “no hay una estrategia real para luchar contra la delincuencia”. Este sentir fue compartido por Rennan Espinoza, alcalde de Puente Piedra, quien indicó que el único cambio visible ha sido el patrullaje a cargo de la PNP y la Marina de Guerra, sin una acción concreta contra el crimen organizado.
“No hay un cambio contundente, ni nada que se pueda valorar. Supongo que esto tiene un proceso, pero exigimos que haya un mayor empeño en la investigación y patrullaje contra la delincuencia para capturar a los integrantes del crimen organizado”, declaró Espinoza para Infobae Perú, poniendo en duda los resultados que el ministro Manero asegura que están empezando a verse en Lima.
Por otro lado, Samuel Daza, alcalde de Ancón, se mostró algo más positivo, destacando que la presencia de la Marina en las calles ha devuelto cierta tranquilidad a los vecinos de su distrito. “Seguramente es muy poco lo que se está haciendo, pero no significa que no se esté avanzando”, comentó Daza, quien, sin embargo, reconoció que las medidas actuales aún no son suficientes para solucionar la problemática de raíz.
La lucha contra el crimen organizado: retos y perspectivas
La situación actual plantea desafíos significativos para el gobierno de Dina Boluarte, que enfrenta la presión de los ciudadanos y de la comunidad internacional durante el desarrollo del foro APEC. Con Lima en el centro de atención mundial, el gobierno busca proyectar una imagen de estabilidad y control sobre la seguridad pública. Sin embargo, la persistencia de la violencia y el descontento de los gremios y alcaldes complican el panorama y ponen en duda la efectividad del estado de emergencia.
Según expertos en seguridad, la criminalidad en Perú se ha intensificado debido a la expansión de redes de crimen organizado que operan en áreas estratégicas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Para abordar estos problemas, sostienen que el Estado necesita implementar una estrategia integral que incluya no solo acciones policiales, sino también políticas sociales y económicas que atiendan las causas subyacentes de la delincuencia.
Críticas al enfoque del Gobierno: falta de coordinación y de un plan estratégico
A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad, el enfoque del Gobierno ha sido cuestionado por la falta de coordinación y de un plan estratégico que abarque todos los aspectos del problema. Varios analistas destacan que el estado de emergencia es una solución temporal que no ofrece una respuesta sostenible a largo plazo. La dependencia de las fuerzas militares para patrullar las calles ha sido criticada, ya que no necesariamente mejora las capacidades de la PNP para enfrentar a las redes criminales.
Alfredo Reynaga y otros alcaldes han insistido en la necesidad de un plan de acción más amplio que incluya medidas preventivas, un aumento en el presupuesto para la seguridad local y una mejora en la infraestructura policial. Estos elementos, argumentan, son esenciales para combatir el crimen organizado de manera efectiva y duradera.
