Escuchas telefónicas a jueces, fiscales, empresarios y exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura difundidos a través de los medios de comunicación, podrían ser declaradas “ilegales” por el Ministerio Público y no podrían ser utilizadas para investigar y acusar a todos los involucrados en el caso denominado ‘Lava Juez’.
La información trascendió mediante un comunicado divulgado por el Ministerio Público en el que se detalla, en el primer punto, que los audios difundidos deberán ser “garantizados bajo la cadena de custodia de medios probatorios establecida en los reglamentos internos del Ministerio Público”, es decir, se elaborará un documento que garantice la autenticidad, seguridad, preservación e integridad de la evidencia física hallada, obtenida o examinada.
De esta manera, los audios podrían pasar de pruebas legales por orden fiscal, a condición de “ilegalidad” por la forma en la que llegaron a los medios de prensa, según el comunicado que argumenta que esto se realiza “a efectos de garantizar la integridad, legalidad y conservación del material incautado”.
Cabe destacar que según la ley del Ministerio Público, se define como prueba ilegal cuando se viola una norma procesal, jurídica, y de principios generales. Además, que atenta contra la dignidad de las personas, la moral y las buenas costumbres. Una prueba puede ser declarada ilícita, a través de lo siguiente: por su obtención ilegal o irregular, o por su incorporación ilegal al proceso.
