Una visita inopinada suele revelar más de lo que un informe planificado podría admitir. La llegada sorpresiva de Juan Antonio Fernández Jeri, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, al distrito fiscal de Huánuco no solo expuso deficiencias administrativas: desnudó una crisis estructural que carcome silenciosamente la credibilidad del sistema de justicia en la región y, por extensión, en todo el país.
La presencia del alto funcionario, acompañado de trece fiscales de distintas jurisdicciones, puso sobre la mesa lo que la ciudadanía ya percibía desde hace tiempo: un Ministerio Público sin recursos, sin peritos y con miles de carpetas varadas que reflejan un aparato judicial exhausto y, en muchos casos, indiferente ante los reclamos ciudadanos.
Fernández Jeri reconoció que la falta de presupuesto y de especialistas está ahogando la capacidad operativa de la institución. Su declaración —“no tenemos peritos en el Ministerio Público y el presupuesto ha decrecido significativamente”— resume la magnitud del deterioro. La fiscalización no se limita a Huánuco: alcanza a regiones como Junín, Ica y Amazonas, donde la inconducta funcional y los indicios de corrupción parecen haber echado raíces profundas.
Más allá del diagnóstico, la visita reveló una paradoja: el órgano que debe investigar y sancionar la corrupción enfrenta, a su vez, un cuadro de anemia institucional. Sin peritos, sin presupuesto y con un equipo de solo 120 fiscales encargados de supervisar a más de 8.600 magistrados en todo el país, la Autoridad Nacional de Control actúa con una precariedad alarmante.
El titular del órgano de control admitió, además, que hay fiscales investigados en Huánuco y que esos casos se tramitan en Lima para evitar conflictos de interés. Es un dato que no sorprende, pero que confirma la erosión de la confianza pública en el sistema. La justicia no puede sanearse a sí misma si está atrapada entre la falta de medios y el peso de sus propios vicios internos.
Lo más preocupante es que esta situación no es nueva. Desde hace más de una década, los informes de la Contraloría y los observatorios judiciales han advertido la reducción constante de recursos en el Ministerio Público. Lo que antes era un problema administrativo, hoy se ha transformado en una emergencia ética y operativa.
El pedido de Fernández Jeri al Poder Ejecutivo para aumentar el presupuesto del Ministerio Público no debe verse como una queja sectorial, sino como una advertencia nacional. Sin un sistema fiscal operativo, el Estado pierde su primera línea de defensa frente a la corrupción y la criminalidad organizada.
La justicia, para ser efectiva, necesita más que leyes y discursos: requiere solvencia técnica, independencia y condiciones materiales para actuar. En regiones como Huánuco, donde los casos de corrupción municipal se acumulan sin sentencia, la carencia de recursos equivale a una forma silenciosa de impunidad.
