El Ministerio Público dispuso archivar la investigación preliminar abierta contra un grupo de ciudadanos de Tingo María acusados de atentar contra la integridad física del gobernador regional de Huánuco durante una visita oficial en octubre de 2024. La decisión, adoptada el 26 de septiembre de 2025, se sustenta en la falta de pruebas que configuren los delitos imputados.
De acuerdo con la disposición fiscal, el caso se inició tras la denuncia del gobernador Antonio Leónidas Pulgar Lucas, quien afirmó haber sido víctima de un intento de agresión luego de participar en una reunión sobre minería ilegal en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. Según su versión, un grupo de manifestantes arremetió contra el vehículo en el que se trasladaba, lanzando objetos y poniendo en riesgo su seguridad y la de sus acompañantes.
El despacho a cargo del fiscal Edwin Percy Catachura Aro precisó que los hechos fueron evaluados bajo las tipificaciones de homicidio calificado en grado de tentativa, violencia contra la autoridad y disturbios. Sin embargo, tras revisar declaraciones, videos y actas policiales, se concluyó que no existían elementos suficientes para formalizar cargos.
Testimonios y videos no acreditaron violencia
En la investigación se recogieron testimonios de los denunciados Elmer Meza Sandoval, Limber Rodríguez Jara, Lisbeth Rada Lloclla, Evelyn Urcos Tamara, Paolo Orihuela Zanabria, entre otros. La mayoría reconoció su presencia en la protesta, pero negaron haber ejercido violencia. Los registros audiovisuales, según la Fiscalía, mostraron principalmente expresiones verbales y reclamos públicos, considerados actos de protesta amparados por el derecho constitucional a la libertad de expresión.
Incluso se determinó que uno de los implicados, Roberto Espinoza Torres, no se encontraba en la ciudad en la fecha de los hechos, lo que fue corroborado con documentos médicos. Respecto a las acusaciones de insultos, el Ministerio Público señaló que podrían constituir una falta contra el honor, pero no un delito de mayor gravedad.
Archivo definitivo de la denuncia
La disposición Nº 02 establece que no procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria, ordenando el archivo del caso. El documento fue notificado el 29 de septiembre de 2025 a los implicados, cerrando así un proceso que generó amplia atención política y social en la provincia de Leoncio Prado.
La Fiscalía recordó que su deber es actuar con objetividad, descartando procesos penales cuando los hechos no configuran delito. En este caso, se concluyó que las conductas observadas no superaron el marco de la protesta ciudadana, careciendo de pruebas que sustenten una tentativa de homicidio o violencia grave contra la autoridad.
