La protección del patrimonio arqueológico en Perú enfrenta un momento crucial, especialmente en la Reserva Arqueológica de Nasca. La reciente controversia sobre la modificación de los límites de esta reserva ha puesto de manifiesto la tensión entre la conservación del legado cultural y las presiones de la actividad minera, un dilema constante en muchas regiones del país con riqueza arqueológica y recursos naturales. A esto se suma la complejidad de la formalización minera y la problemática social derivada de delimitaciones territoriales previas.
Según la investigación publicada por El Comercio, el Ministerio de Cultura ha dado marcha atrás en su decisión de reducir el área protegida de la Reserva Arqueológica de Nasca, dejando sin efecto la resolución que disminuía en un 42% su extensión original. Esta rectificación se produce tras la publicación de denuncias periodísticas sobre el avance de la minería ilegal dentro de la zona y la preocupación generada por la flexibilización de la protección territorial, evidenciada por la presentación de más de 50 petitorios mineros en los días posteriores a la publicación de la resolución inicial.
La decisión de revocar la reducción de la reserva se justifica, según el Ministerio de Cultura, como una “buena práctica administrativa” ante la carencia de una consulta previa y socialización adecuada con los actores clave del territorio. La viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa, reconoció que, aunque se realizó una audiencia pública, es necesario un proceso más exhaustivo de socialización para atender las observaciones de diversos sectores. De esta manera, se restituye el plano perimétrico original de 2004, que abarca un área de 5,633.47 km² y un perímetro de más de 297,000 metros.
Sin embargo, esta medida es solo un paso preliminar. La protección definitiva de la reserva aún está en proceso de definición. La viceministra Novoa anunció el inicio de la actualización del Plan de Gestión del Territorio de Nasca y Palpa en un plazo no mayor de 10 días. Este plan busca establecer un Sistema de Gestión de Patrimonio Cultural más efectivo y adaptado a las necesidades actuales del territorio. Asimismo, se conformará una mesa técnica multisectorial que reunirá a autoridades, expertos y actores del territorio para revisar los límites y definir un modelo integral de uso del suelo, abordando las presiones de la minería y otros usos.
La mesa técnica, integrada por representantes de ministerios clave como Cultura, Energía y Minas, y Ambiente, así como gobiernos regionales y locales, comunidades, especialistas y organizaciones civiles, buscará definir criterios para una futura delimitación y usos del territorio de Nasca. Se pretende incorporar tecnologías avanzadas como drones, escáneres subterráneos e inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico y mapeo del patrimonio arqueológico. A su vez, se creará la Unidad Ejecutora Nasca, una entidad con autonomía técnica, legal y presupuestal para la gestión de la reserva, con un presupuesto inicial de S/10 millones.
Esta unidad ejecutora tendrá a su cargo tareas cruciales como el saneamiento físico-legal de los sitios arqueológicos, el impulso a la investigación científica y la promoción del uso social y turístico de espacios subutilizados. Uno de los retos pendientes es abordar la problemática social derivada de la delimitación de 2004, que incluyó viviendas e infraestructuras dentro del área protegida. La viceministra Novoa reconoció esta situación y afirmó que será evaluada en el marco de la mesa técnica, buscando soluciones que equilibren la protección del patrimonio y las necesidades de las comunidades locales.
Más allá de la actividad minera, el problema también radica en la falta de fiscalización y los vacíos legales que permiten actividades informales disfrazadas de legales. Nicolás Zevallos, del Instituto de Criminología, advierte que el Reinfo ha sido utilizado como fachada para actividades ilegales, aprovechando la débil fiscalización. Ángela Grossheim, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, considera que cualquier modificación de los límites de áreas protegidas debe basarse en una evaluación técnica rigurosa, y advierte que el Reinfo carece de requisitos técnicos y controles efectivos, lo que facilita la elusión de la normativa ambiental y arqueológica.
