La protesta de los mineros informales frente al Congreso de la República pone nuevamente sobre la mesa la compleja relación entre un sector con un peso económico enorme y las autoridades políticas del país. Lo que en apariencia es una demanda legítima para extender el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) revela una problemática mucho más profunda: el inmenso poder de este sector, su influencia en las decisiones del Gobierno y su impacto devastador sobre el medio ambiente.
Miles de mineros informales han bloqueado durante días calles importantes de Lima, presionando al Congreso para que acepte sus exigencias. No es la primera vez que ocurre. Los dirigentes de la minería informal han demostrado tener un amplio alcance, no solo por su capacidad de movilización, sino también por sus vínculos con congresistas, alcaldes y gobernadores regionales, quienes parecen más interesados en satisfacer los pedidos de este sector que en fiscalizarlo o regularlo adecuadamente. Prueba de ello es la interpelación al ministro de Energía y Minas, promovida por parlamentarios alineados con los intereses mineros.
La minería informal mueve miles de millones de soles cada año, pero lo hace bajo un esquema que evade regulaciones ambientales, tributarias y laborales. Se conoce que, solo el 2% del 100% registrado se ha formalizado, lo que deja a estas actividades en un limbo legal. Mientras tanto, los daños ecológicos son alarmantes: contaminación de ríos, deforestación masiva y devastación de ecosistemas. Este modelo, lejos de ser sostenible, perpetúa una economía de corto plazo, que beneficia a unos pocos mientras destruye los recursos naturales de las futuras generaciones.
El Gobierno, ante estas presiones, enfrenta una disyuntiva peligrosa. Las protestas, reforzadas con amenazas de un paro nacional, buscan obligar a las autoridades a ceder ante demandas que podrían perpetuar un sistema ineficiente. La experiencia del Reinfo demuestra que la ampliación de plazos no fomenta la formalización, sino que actúa como una pantalla que facilita la continuidad de actividades ilegales bajo una fachada de legitimidad. Sin embargo, la proximidad de un año electoral y la fuerza política del sector minero informal incrementan las probabilidades de que estos pedidos sean aceptados, aun cuando signifiquen un retroceso en la regulación y fiscalización del sector.
El Estado debe ser firme en su posición. No se puede seguir privilegiando intereses particulares sobre el bienestar colectivo. La reciente aprobación de la Ley MAPE, que propone un marco renovado para la formalización y supervisión de las actividades mineras, es un paso en la dirección correcta, pero no debe ser diluida por las presiones de grupos de poder.
