Luego de la masacre ocurrida en Pataz, La Libertad, donde 13 mineros fueron asesinados en circunstancias que aún son materia de investigación, la presidenta Dina Boluarte y su gabinete apuntaron públicamente contra el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), exigiendo su revisión y suspendiendo por 30 días las actividades de quienes figuren como “suspendidos” en este sistema. “Mano dura para estos delincuentes criminales”, declaró la mandataria.
Sin embargo, lo que no se ha mencionado con claridad es que el propio Ejecutivo promulgó la ampliación del Reinfo sin observaciones, pese a tener a disposición un informe técnico del Ministerio del Ambiente (Minam) que desaconsejaba su continuidad. El documento, elaborado por la Dirección General de Diversidad Biológica del Minam el 10 de diciembre de 2023 —17 días antes de la promulgación—, advertía que “las iniciativas promovidas durante las últimas dos décadas no han dado resultados específicos”, y que su mantenimiento ha permitido que persistan “graves impactos ambientales y en la salud”.
Estos impactos, según el Minam, se evidencian tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos, y afectan desde el suelo y el agua hasta la biodiversidad completa, incluyendo flora, fauna y microorganismos. En regiones como Madre de Dios, los daños provocados por la minería aurífera han sido documentados ampliamente.
El Reinfo, creado con carácter temporal para ordenar la actividad minera informal, ha sido prorrogado al menos cinco veces por el Congreso y el Ejecutivo, convirtiéndose en una figura legal que, según especialistas, ha sido utilizada para “blanquear” oro extraído ilegalmente. Además, impide el decomiso de equipos usados en la minería ilegal, dificultando así las labores de fiscalización y control.
Tras la matanza en Pataz, el Reinfo ha quedado en el centro de la controversia. Según una investigación de Ojo Público, entre 2021 y 2023 más de 5.800 personas y empresas inscritas en el registro incumplieron con la presentación de reportes obligatorios. La minería ilegal no solo acarrea deforestación y contaminación por mercurio, sino que también alimenta redes delictivas vinculadas al trabajo forzado, la explotación infantil y el crimen organizado.
A pesar de las advertencias, el Gobierno optó por ignorar la voz técnica del Minam. Hoy, las consecuencias son evidentes y trágicas.
