La criminalidad vinculada a la minería ilegal está expandiendo su influencia hacia zonas agrícolas estratégicas, afectando directamente a los cultivos de exportación y al desarrollo de importantes proyectos de irrigación como Chavimochic (La Libertad), Chinecas (Áncash) y Olmos (Lambayeque).
Según la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), esta situación viene generando serias consecuencias: pérdida de empleos agrícolas, reducción de inversiones privadas y un clima creciente de inseguridad que pone en riesgo la continuidad del agro moderno.
AGAP advierte que mafias armadas han comenzado a invadir terrenos agrícolas, extorsionar a empresas y controlar zonas de alto valor productivo. Esta expansión del crimen organizado no solo compromete la producción actual de cultivos como arándano, espárrago y palta, sino que debilita las condiciones para sostener la competitividad del Perú en el mercado internacional.
Además, la respuesta del Estado ha sido limitada frente a un fenómeno que requiere acción intersectorial y sostenida. Mientras tanto, las regiones agrícolas más dinámicas enfrentan un deterioro progresivo en su capacidad operativa y en la seguridad de sus trabajadores.
El agro no solo compite con mercados externos, ahora también enfrenta una amenaza interna que crece sin freno.
