La minería ilegal avanza en diversas provincias de Huánuco sin una respuesta clara ni sostenida por parte del Estado. Así lo manifestó la Defensoría del Pueblo, señalando que esta actividad ya afecta zonas como Puerto Inca, Leoncio Prado, Lauricocha, Huacaybamba y Huacrachuco. Según esa entidad, el fenómeno viene acompañado de delitos asociados como extorsión, tráfico de oro y crimen organizado, y genera daños directos sobre el medio ambiente y las concesiones mineras formales.
De acuerdo con declaraciones del jefe de la Defensoría del Pueblo en Huánuco, Marcos Durand Rocca, esta actividad ilícita está reproduciendo el patrón de expansión que años atrás se evidenció en Madre de Dios. El funcionario afirmó que “Huánuco ya está siendo objeto de la llegada de los mineros ilegales”, y advirtió que su presencia genera impactos inmediatos sobre los ríos amazónicos y sobre la convivencia social en zonas rurales.
Puerto Inca bajo presión: se retiran dragas grandes, pero continúan las artesanales
Durand señaló que en el distrito de Puerto Inca se desplegaron dragas de gran capacidad, muchas de las cuales habrían sido traídas desde Madre de Dios. Según su versión, las autoridades locales y la población lograron hacer presión preventiva, lo que derivó en el anuncio del Ministerio de Defensa de destruir esta maquinaria pesada, como lo permite la ley. Tras este anuncio, los operadores retiraron las dragas del cauce, aunque algunas permanecen en la zona bajo apariencia de inoperativas.
No obstante, el funcionario aseguró que las dragas artesanales han continuado operando sin mayor obstáculo, debido a que el oro “sigue estando allí” y no existen mecanismos efectivos para frenar su extracción. Sostuvo que el Estado no está regulando adecuadamente la comercialización de ese recurso, lo que permitiría que el oro extraído ilegalmente termine insertado en circuitos internacionales sin generar contribuciones al país. A juicio de la Defensoría, se requiere una estrategia estatal que formalice de manera progresiva a los mineros informales y asegure que vendan su producción a compradores autorizados que tributen al erario nacional.
Falta de estudios y debilidad institucional agudizan el problema
La situación también se ha vuelto crítica en el distrito de Yuyapichis, contiguo a Puerto Inca, donde la Defensoría ha recibido alertas sobre la existencia de importantes depósitos auríferos en las riberas del río Zúngaro. Según Durand, “todos los ríos de la selva en realidad tienen oro, porque de los Andes baja por ahí”, lo que explica el interés en nuevos focos de explotación no formalizada. Afirmó que este fenómeno podría convertir al Perú en un país que solo extrae recursos sin retribución social, en perjuicio de su presupuesto nacional.
El funcionario advirtió, sin embargo, que no existen estudios técnicos recientes que permitan conocer el número de hectáreas impactadas por la minería ilegal ni qué porcentaje del territorio de distritos como Puerto Inca o Yuyapichis se encuentra comprometido. Según explicó, esta falta de información impide dimensionar adecuadamente el problema y limita las posibilidades de intervención efectiva.
Durand también se refirió a la ocupación de concesiones formales por parte de actores informales. Indicó que algunos de estos invaden denuncios mineros registrados, extraen oro y luego venden el mineral —según dijo— “muchas veces a los mismos concesionarios formales”. Esto, a su juicio, revela un circuito de informalidad que ya ha superado la capacidad de control del Estado.
Desde la Defensoría del Pueblo se plantea la necesidad de una institución estatal exclusiva para enfrentar la minería ilegal. Según su propuesta, esta entidad debería articular estrategias de formalización, fiscalización y sanción, y asegurar que la riqueza aurífera beneficie efectivamente al país.
Dato:
Consultado sobre la respuesta de las autoridades en Huánuco, el representante de la Defensoría sostuvo que no hay señales de que se esté afrontando el problema de manera decidida. Como ejemplo, mencionó que en Lauricocha “a las justas hay 10 o 12 policías”, sin los equipos necesarios para patrullar o intervenir. “Mientras quienes sacan oro ilegal tienen motos veloces, la policía no tiene cómo movilizarse. Así no se puede hacer nada”, expresó.
LEYENDA
Imagen, Pete Oxford
