Deforestación pone en riesgo los recursos naturales y el sustento de las comunidades amazónicas
La provincia de Leoncio Prado, en la selva de Huánuco, enfrenta una grave amenaza: la minería ilegal. Esta vez, los distritos de Pueblo Nuevo y Santo Domingo de Andas son las víctimas. Pobladores y piscicultores de la zona han alzado su voz para denunciar el impacto devastador que esta actividad está teniendo en el medio ambiente.
Uno de los lugares afectados es el sector Almendras, en Campo Grande, Pueblo Nuevo, donde los residentes presenciaron una deforestación masiva. A pesar de que los responsables afirman que se trata de una piscigranja, los pobladores sostienen que lo que realmente está ocurriendo es una operación ilegal de lavado de oro. El daño es evidente: más de diez hectáreas de bosque han sido arrasadas, sin la intervención de las autoridades competentes.
El alcalde de Pueblo Nuevo y otros líderes locales invitaron al fiscal del medio ambiente y a representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para inspeccionar el área y poner fin a esta amenaza ecológica. Sin embargo, las autoridades no se han presentado. “El fiscal aseguró que vendría, pero no ha llegado”, denunció una vecina. “Nos dijeron que no debíamos invitar a la población, pero no estamos de acuerdo. Necesitamos apoyo de las instituciones”.
Los piscicultores, quienes dependen del agua y del equilibrio ambiental para sus actividades, también han sido gravemente afectados. “No es posible que para construir una piscigranja se necesite deforestar tanto terreno”, señaló uno de ellos, aludiendo a la presencia de maquinaria que se utiliza en la minería ilegal. La contaminación de los ríos está acabando con los peces y afectando las plantaciones, lo que pone en riesgo no solo el sustento actual, sino también el futuro de las próximas generaciones.
Dato:
Los pobladores están cada vez más frustrados con la inacción de las autoridades. Aunque hace más de un mes, funcionarios de la ANA y de la fiscalía recogieron muestras de agua para investigar, no han brindado respuestas ni han tomado medidas para frenar la explotación. Los vecinos temen que solo cuando haya disturbios o violencia, las autoridades tomen cartas en el asunto.
