Defensores ambientales denuncian hostigamientos en territorio afectado por minería
En los últimos cuatro meses, la minería ilegal avanzó dentro del Área de Conservación Privada Panguana y afectó alrededor de 12 hectáreas de bosque en Yuyapichis, provincia de Puerto Inca. La actividad irregular generó también amenazas de muerte contra trabajadores del área protegida, tras recientes operativos en la zona.
Según informó el Observatorio contra la Minería Ilegal (OMI), la población del centro poblado Pampas Verdes estaría brindando apoyo logístico a los grupos dedicados a la explotación aurífera. De acuerdo con el organismo, esta situación se agravó luego de las intervenciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, que incluyeron la destrucción de maquinaria pesada.
El fiscal coordinador de las fiscalías ambientales, Frank Almanza, señaló que Yuyapichis reúne condiciones para convertirse en una zona inmanejable, similar a lo ocurrido en Madre de Dios, según indicó en el reportaje televisivo difundido el fin de semana. El representante del Ministerio Público advirtió que la ausencia del Estado en zonas remotas facilita la expansión de estas actividades ilícitas.
Impacto ambiental y resistencia local
Imágenes satelitales difundidas por Cuarto Poder mostraron que la minería ilegal ingresó a la estación biológica y alteró el cauce de un río amazónico. Tal como señaló el reportaje, parte de la población de Pampas Verdes habría impedido que las autoridades culminen las diligencias de interdicción, pese a que estas buscaban frenar la deforestación que avanza sobre territorio protegido.
De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), la minería ilegal movilizó más de 12 mil millones de dólares solo en 2025, superando al narcotráfico y convirtiéndose en la principal actividad ilícita del país.
Amenazas contra defensores ambientales
Tras el operativo de interdicción, el personal del ACP Panguana comenzó a recibir amenazas contra su vida, de acuerdo con el comunicado emitido por el OMI. La organización sostuvo que estas intimidaciones evidencian el riesgo permanente al que se enfrentan quienes defienden la biodiversidad en esta parte del país.
El OMI manifestó que desde agosto de 2025 solicitaron al Ministerio de Justicia la incorporación del ACP Panguana en el Registro de Defensores Ambientales, pero el trámite continúa pendiente, según aclaró el colectivo. Asimismo, recordó que el Ministerio del Interior otorgó garantías personales el 18 de septiembre, aunque aún esperan acciones adicionales que aseguren la protección efectiva del equipo.
Riesgo creciente y pedido de intervención multisectorial
El observatorio advirtió que los recientes hechos reflejan un incremento del nivel de amenaza en un contexto dominado por redes de minería ilegal y otros actores que buscan obstruir la labor estatal, conforme remarcó la institución. En ese sentido, solicitó una intervención multisectorial que permita desarticular las estructuras criminales que operan en Yuyapichis.
Además, el OMI instó al Poder Ejecutivo a mantener presencia constante en la zona y garantizar la seguridad integral de los defensores, tal como exige la normativa nacional e internacional en derechos humanos. Actualmente, miembros de la Policía Nacional, la Marina de Guerra y la Fiscalía especializado en Materia Ambiental permanecen temporalmente en el lugar para reforzar el control territorial.
