Nuevas agresiones y amenazas se registraron en el sector La Rivera, en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco, en el marco de un conflicto por la posesión de tierras agrícolas que, según los pobladores, se agudizó en 2025 con la aparición de constancias de posesión que consideran ilegales. El presidente comunal Francisco Córdoba Umbo y el abogado Wilintong Ventura Trinidad advirtieron que las familias viven en un escenario de violencia que, aseguran, no ha sido atendido por la Dirección Regional de Agricultura.
Francisco Córdoba Umbo, presidente comunal de La Rivera, señaló que terceros ingresaron al territorio con el objetivo de desplazar a las familias que trabajan la tierra desde hace años. “Vienen y nos quieren sacar de nuestras tierras, nos agreden pese a que nosotros vivimos de la agricultura aquí en el sector La Rivera”, manifestó. Según indicó, los episodios de violencia física y amenazas se han vuelto recurrentes en los últimos meses.
De acuerdo con Córdoba Umbo, la economía del sector depende de cultivos como papaya, plátano, yuca, maíz y cacao. Sostuvo que la presencia de personas que reclaman la propiedad mediante constancias de posesión ha generado temor entre las familias agricultoras. “Ya nos quieren matar, nos arrastran y nos golpean; estamos llegando a situaciones extremas”, afirmó el dirigente al describir el nivel de riesgo que, según dijo, enfrentan los pobladores.
Documentos cuestionados y proceso en Fiscalía
El conflicto se originó, según explicó Córdoba Umbo, cuando en 2025 dos sujetos identificados como Zúñiga y Arnaldo se presentaron con constancias de posesión sobre los terrenos en disputa. Desde entonces, indicó que la tensión no ha disminuido y que las confrontaciones se han intensificado en la zona.
Wilintong Ventura Trinidad, abogado de la población, sostuvo que las constancias estarían sustentadas en expedientes inexistentes o que no habrían sido remitidos a la Fiscalía. “Las declaraciones de colindantes, los planos y las firmas son documentos simulados, elaborados solo para dar apariencia de legalidad”, afirmó el letrado, quien calificó el caso como un patrón de presuntas irregularidades administrativas.
Ventura Trinidad precisó que existe una carpeta fiscal abierta y que en octubre del año pasado se solicitó formalmente la nulidad de las constancias dentro del plazo legal. Sin embargo, indicó que la Dirección Regional de Agricultura no ha emitido una respuesta de fondo. Según añadió, la entidad habría esperado a que las constancias caduquen en diciembre de 2025 para sostener que ya no corresponde pronunciarse sobre su nulidad.
¿Qué respuesta dará la autoridad agraria?
El abogado cuestionó que la autoridad agraria haya optado por ese argumento. “Es un argumento evasivo; la nulidad fue solicitada dentro del plazo de ley y se ha evitado deliberadamente resolver el fondo del problema”, sostuvo Ventura Trinidad. A su juicio, la omisión administrativa agrava la conflictividad en la zona.
Para los pobladores de La Rivera, según expresó Córdoba Umbo, la falta de un pronunciamiento oficial los deja en situación de indefensión frente a presuntos intereses vinculados a la minería ilegal. Los dirigentes demandaron una intervención urgente de las autoridades competentes que, de acuerdo con lo señalado, permita garantizar la seguridad de las familias y esclarecer la validez de los documentos en disputa.
Mientras la carpeta fiscal continúa en trámite y no existe una decisión administrativa definitiva, el conflicto permanece abierto en Puerto Inca. La evolución del caso dependerá de las actuaciones de la Fiscalía y de la Dirección Regional de Agricultura, cuya respuesta es observada por las familias agricultoras que, según sus representantes, temen nuevos episodios de violencia en los próximos meses.
