La minería ilegal ha transformado vastas zonas de la Amazonía peruana en un escenario de conflicto social, ambiental y de seguridad.
En las regiones de Huánuco y Ucayali, comunidades enteras estarían defendiendo con violencia el uso de dragas en los ríos, generando enfrentamientos directos con fiscales, policías y efectivos de la Marina.
Los operativos contra estas actividades ilícitas han dejado de ser intervenciones ambientales para convertirse en verdaderas confrontaciones territoriales.
De acuerdo con lo informado por el fiscal Dumas Campos, quien lideró un operativo de interdicción en el distrito de Puerto Inca (Huánuco), un grupo conformado por apenas nueve agentes fue rodeado por más de 40 personas armadas con flechas, piedras y machetes, en una zona donde se ubican dragas y maquinaria pesada. “Nos superaban ampliamente en número y estaban dispuestos a enfrentarnos”, declaró el funcionario.
El equipo periodístico que acompañó el operativo también reportó la presencia de mujeres con niños en brazos, entre pozas de sedimentación y motores aún encendidos, mientras las autoridades intentaban intervenir campamentos ilegales en plena luz del día.
RÍOS DESTRUÍDOS
En el río Yuyapichis, también ubicado en Puerto Inca, las consecuencias de la minería ilegal ya son irreversibles en varios tramos. Según datos recogidos en el reportaje, más de 36 kilómetros del cauce han sido devastados por retroexcavadoras, dragas y tolvas.
Desde el aire, el paisaje muestra una imagen desoladora: cráteres profundos, maquinaria operando sin restricción y zonas donde antes había bosque que ahora lucen convertidas en barro contaminado.
El fiscal Campos también precisó que en muchos puntos del operativo se encontraron niños y mujeres muy cerca de maquinaria activa, lo que —según indicó— representa un doble riesgo: ambiental y humano. “No solo estamos interviniendo minería ilegal, estamos enfrentando una economía informal protegida por parte de la población”, señaló.
Durante el mismo operativo, se identificó a Nardo Pizango Monteiro y Nilda Cisneros Barrientos como presuntos cabecillas mineros en las zonas de Pampas Verdes y Pangoa, en las que las dragas habían sido instaladas y defendidas por pobladores locales, de acuerdo con el reporte.
ALIANZA CRIMINAL
Uno de los elementos más controvertidos del operativo fue la intervención de una carta firmada por un dirigente nativo, en la que solicitaba cinco mil soles a un empresario minero presuntamente vinculado a actividades ilegales.
Para los representantes del Ministerio Público, este documento sería evidencia de un acuerdo informal entre algunas dirigencias comunales y redes de minería ilegal, lo que explicaría el respaldo social que estas operaciones estarían recibiendo en las zonas afectadas.
El contralmirante Diego Gago, jefe del comando operacional de la Marina en la zona, advirtió que la situación está lejos de ser controlada. “Hoy destruimos 10 máquinas, pero en 20 días hay 20 más”, declaró.
Esta afirmación fue respaldada por el fiscal Campos, quien denunció además que las 14 fiscalías ambientales de Ucayali no cuentan con un solo vehículo operativo, lo que —según sus declaraciones— limita gravemente la capacidad del Estado para sostener acciones preventivas o de seguimiento.
Varias dragas fueron quemadas o abandonadas durante los operativos, mientras otras lograron ser ocultadas en la espesura del bosque. Sin embargo, las autoridades reconocieron que la capacidad de respuesta institucional es superada por la velocidad con que las mafias reactivan sus operaciones.
CONFLICTO
La situación en Puerto Inca, Curimaná, Aguaytía y otras localidades de Huánuco y Ucayali genera preocupación entre las autoridades ambientales. Se han solicitado formalmente declaraciones de emergencia ambiental para los ríos Yuyapichis, Pachitea y otras zonas críticas. No obstante, hasta el momento no se han adoptado decisiones oficiales al respecto, mientras la deforestación y contaminación avanzan día tras día.
