La minería ilegal se cierne como una amenaza palpable sobre las Líneas de Nasca, un patrimonio invaluable de la humanidad. Una reciente secuencia de eventos revela una alarmante contradicción en la gestión de su protección. Mientras las fuerzas del orden detectan y desmantelan campamentos mineros informales cerca de los geoglifos, poniendo al descubierto la posesión de material explosivo suficiente para dañar la zona arqueológica, decisiones gubernamentales parecen socavar los esfuerzos por salvaguardar este legado histórico. La expansión de la frontera minera, facilitada por la reducción del área protegida, plantea serias interrogantes sobre el futuro de este sitio ancestral.
Según la investigación publicada por El Comercio, estos sucesos evidencian la fragilidad de las medidas de protección frente a una actividad ilegal en constante expansión.
Los hechos hablan por sí solos: el hallazgo de un campamento minero informal en Lajas, Ica, con material explosivo capaz de afectar directamente la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca, contrasta con la publicación, casi simultánea, de una resolución ministerial que disminuye en un 42% el área protegida, una superficie de 2.400 km2. El Ministro de Cultura, Fabricio Valencia, justificó esta medida argumentando la ausencia de valor arqueológico en las zonas recortadas, así como la dificultad de controlar una extensión tan vasta. Sin embargo, esta decisión desató una ola de críticas y sospechas sobre la real intención detrás de la misma, llevando incluso al Ministerio a dar marcha atrás.
La problemática se agudiza al considerar la presencia de numerosas inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) dentro de los distritos que conforman la reserva original. Si bien un alto porcentaje de estas inscripciones se encuentran suspendidas, la posibilidad de “regularización” otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) genera incertidumbre sobre el futuro de estas actividades. Nicolás Zevallos, del Instituto de Criminología, advierte que el Reinfo se ha convertido en una herramienta para legitimar la minería ilegal debido a la falta de fiscalización efectiva, allanando el camino para la expansión de las economías ilegales.
La información del Catastro Minero del INGEMMET revela una realidad preocupante: existen cientos de derechos mineros en trámite y titulados dentro del polígono intangible original. El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) ha identificado un número significativo de concesiones y petitorios mineros en el área excluida, lo que sugiere una alta presión minera sobre la zona. La abogada Gaby Rivadeneyra, de DAR, destaca que la presentación de numerosos petitorios mineros inmediatamente después de la publicación de la resolución que redimensionaba la reserva, evidencia el interés de los mineros en aprovechar la nueva situación legal.
La reducción del área protegida elimina la necesidad de la evaluación del Ministerio de Cultura para las actividades mineras, abriendo la puerta a una mayor expansión de esta actividad en zonas aledañas a los geoglifos. La abogada Rivadeneyra advierte sobre los impactos acumulativos de la minería, que trascienden los límites de las concesiones y ponen en riesgo el patrimonio arqueológico. El exviceministro José De Echave señala que el recorte del área de protección evidencia el abandono estatal frente a un enclave minero que ha crecido durante décadas en el sur del Perú, convirtiéndose en un centro de procesamiento de minerales extraídos de forma ilegal en otras regiones.
La situación se torna aún más compleja al considerar la posible conexión entre la minería ilegal y el narcotráfico. Zevallos advierte sobre el riesgo de que estas zonas se conviertan en corredores para el tráfico de drogas, siguiendo el patrón observado en otras regiones afectadas por la minería ilegal. En este contexto, el sector minero, a través de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), reconoce la posibilidad de redimensionar áreas protegidas, siempre y cuando se realice una revisión técnica adecuada y se cumplan los controles previos y posteriores, como la evaluación de impacto ambiental y la certificación de inexistencia de restos arqueológicos.
