El consejero regional Manuel Rosales García expuso su posición crítica frente al avance de concesiones mineras en la provincia de Leoncio Prado y cuestionó la ausencia de respaldo político de los congresistas por Huánuco. Durante la entrevista, el funcionario defendió la decisión adoptada —según dijo— de manera unánime por el Consejo Regional desde el año 2013 para rechazar toda actividad minera en dicha jurisdicción.
Rosales explicó que la medida surgió tras conocerse la existencia de 19 concesiones mineras en territorio leonciopradino. “Aquel año, los 20 consejeros de las once provincias votaron a favor de prohibir la minería en la provincia. Esa postura se mantiene hasta hoy”, señaló. El Diario Ahora verificó que no se ha publicado oficialmente un acuerdo vigente sobre dicha disposición, por lo que la versión corresponde al relato del propio consejero.
Autoridades locales y frentes vecinales expresan rechazo unánime
De acuerdo con el consejero, los diez alcaldes distritales de Leoncio Prado y el propio concejo provincial habrían emitido ordenanzas municipales rechazando la actividad minera, al considerar que la provincia posee una vocación agropecuaria y turística. “Somos una provincia que vive del café, del cacao y del turismo; no podemos permitir que la minería destruya nuestra base económica”, expresó Rosales.
Asimismo, indicó que diversas organizaciones sociales, entre ellas tres frentes de defensa, impulsan la firma de un memorial colectivo que será enviado al Ministerio de Energía y Minas, con el objetivo de solicitar la anulación de las concesiones otorgadas a una empresa canadiense interesada en operar en el sector de Hermilio Valdizán. Hasta el cierre de esta edición, el Diario Ahora no accedió a copia pública de dicho documento ni a confirmación oficial sobre la empresa mencionada.
El memorial busca llegar al Congreso y al Ministerio de Energía y Minas
El consejero manifestó que el memorial será remitido tanto al Congreso de la República como al Ministerio de Energía y Minas, con el respaldo del gobernador regional y de los alcaldes provinciales. Según sus declaraciones, las decisiones respecto a la minería “se toman en Lima”, por lo que, a su juicio, corresponde a los parlamentarios intervenir para salvaguardar los intereses de la provincia.
Consultado sobre un posible acercamiento con la compañía minera aludida, Rosales respondió que no ha sostenido reuniones directas, aunque algunos alcaldes habrían dialogado con la alcaldesa de Hermilio Valdizán. “Nos oponemos a cualquier intento de convencer a los vecinos, porque el suelo fue zonificado como agropecuario y turístico, no minero”, aseguró.
Dato:
En otro tramo de la entrevista, Rosales lamentó lo que considera un silencio parlamentario frente al conflicto. “Hasta ahora se escucha poco del apoyo de los congresistas. Solo la señora Elizabeth ha mostrado algo de interés, pero los demás no se pronuncian”, dijo. Añadió que la ciudadanía se mantiene firme en su rechazo a la minería y no descartó acciones de protesta, aunque recalcó que su prioridad es el diálogo.
