La reciente ruptura de la mesa de diálogo entre la empresa minera Raura, autoridades locales y representantes comunales de Antawayana y zonas aledañas deja una señal preocupante sobre el estado de las relaciones entre la actividad extractiva y las comunidades que la rodean. Una señal que, desde este Diario, consideramos urgente revisar con madurez, sin estridencias, pero con firmeza. La Minería debe ser parte de este diálogo constructivo.
Las exigencias planteadas por los dirigentes —obras por impuestos, cumplimiento de acuerdos sociales, acceso a agua segura, infraestructura educativa y de salud— no pueden ser desestimadas ni minimizadas.
En una región históricamente rica en minerales, la pobreza no debería ser la norma. Las comunidades tienen el legítimo derecho de demandar que la riqueza que se extrae de su suelo, a través de la Minería, también se traduzca en mejoras tangibles para su calidad de vida.
Dicho eso, también corresponde recordar que el desarrollo no se logra con confrontación ni con posiciones intransigentes. La salida intempestiva de representantes de la empresa de la mesa de diálogo, si bien criticable, no debe ser excusa para perder el horizonte del entendimiento. El diálogo —aunque difícil y lleno de tensiones— sigue siendo la herramienta más legítima para construir acuerdos duraderos.
La responsabilidad social empresarial no se reduce a actos simbólicos ni a compromisos firmados que luego quedan en papel. Requiere presencia sostenida, escucha activa y capacidad de respuesta. Pero también exige de las autoridades y dirigentes comunales una actitud responsable, articuladora y propositiva, libre de oportunismos y respetuosa de los procesos institucionales.
Desde Ahora, creemos que es momento de retomar el diálogo con madurez. La empresa Raura tiene la oportunidad de demostrar que su compromiso con la zona va más allá de la extracción minera. Y las comunidades, por su parte, merecen ser escuchadas sin ser utilizadas ni abandonadas.
El equilibrio entre inversión y justicia social no es solo un ideal: es una necesidad urgente. Y es tarea de todos —empresa, Estado y sociedad— garantizar que no se vuelva una promesa vacía.
