Sin embargo, continuarán recorrido técnico en Caballococha, Santa Ana y Gayco por posibles vertimientos industriales. También en faja marginal del río Huallaga
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Huánuco anunció la reprogramación de una diligencia clave vinculada a la minera Raura, en el marco de denuncias ciudadanas por presunta contaminación ambiental. El fiscal César Gonzales Ramos explicó que el operativo fue postergado por razones ajenas al Ministerio Público, principalmente por limitaciones logísticas relacionadas con la falta de movilidad y restricciones presupuestales del equipo pericial y técnico que acompaña el proceso, entre ellos el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
De acuerdo con el fiscal, la diligencia forma parte de un cronograma de acciones que busca esclarecer reportes de pobladores sobre la supuesta presencia de elementos dañinos y metales pesados en suelos y en fuentes de agua. En esa línea, precisó que el objetivo inmediato es culminar la toma de muestras de sedimentos y de recursos hídricos (agua) en puntos estratégicos de la zona de influencia de la operación minera, especialmente en la laguna Caballococha, donde —según indicó— se ubica el centro de operaciones de la compañía.
Gonzales Ramos detalló que el trabajo no se limita a una sola laguna. Tras Caballococha, el equipo tiene previsto continuar con un recorrido técnico por Santa Ana Alta, Santa Ana Baja y finalmente Gayco, con verificaciones de campo y participación de peritos para determinar si existen o no posibles vertimientos de aguas industriales asociados a actividades mineras. Remarcó que el proceso debe desarrollarse con rigurosidad técnica y que los resultados dependerán del análisis de laboratorio.
Muestreo en febrero
El fiscal indicó que la diligencia reprogramada está prevista para febrero y comprenderá la continuidad de acciones previamente iniciadas. Recordó que en una intervención anterior se realizó trabajo en la laguna Tinquicocha —debido a la extensión de ese cuerpo hídrico— y también se efectuó un recorrido en sectores vinculados a Caballococha, con acompañamiento de la Autoridad Local del Agua. Sin embargo, aclaró que, por el tiempo y condiciones propias de este tipo de operativos, en esa ocasión no se logró culminar la toma de muestras, situación que ahora se busca completar.
En ese contexto, Gonzales Ramos explicó que una vez obtenidas las muestras, estas deben ser evaluadas por un laboratorio certificado, y estimó que el tiempo de resultados oscila entre 15 días y un mes. Insistió en que el componente técnico es determinante para establecer conclusiones: si bien señaló que en inspecciones previas se habría observado “a simple vista” un manejo razonable de las aguas industriales, subrayó que esa apreciación no reemplaza el dictamen científico que arroje el análisis.
Huallaga: ocupación de faja marginal
Durante sus declaraciones, Gonzales Ramos amplió la atención hacia otra problemática que, según dijo, se advirtió en diligencias de campo: la ocupación de la faja marginal derecha del río Huallaga mediante construcciones en un espacio que calificó como de uso y dominio público. Explicó que estas áreas tienen una categoría especial: son intangibles, inalienables e imprescriptibles, por lo que no pueden ser apropiadas ni edificadas como si fueran terrenos privados, incluso si existieran documentos posesorios o reconocimientos emitidos por alguna instancia.
Para sostener esa postura, el fiscal mencionó el marco de recuperación extrajudicial de terrenos estatales, que —según indicó— permite un procedimiento administrativo sumarísimo a solicitud de procuradurías del gobierno regional o de gobiernos locales, a fin de recuperar espacios públicos ocupados. En ese punto, enfatizó que ningún documento de tenencia o autorización podría legitimar construcciones en faja marginal, y utilizó una analogía para reforzar la idea: autorizar una edificación en ese tipo de zona sería comparable a permitir construir en un espacio público central destinado a todos.
Además, alertó sobre un punto crítico asociado a la disposición inadecuada de residuos sólidos y escombros cerca del río. Señaló que esta situación ya habría sido advertida y exhortada previamente a autoridades locales, y que se viene solicitando presencia de áreas ambientales competentes para que se retire material acumulado y se recupere el espacio de forma integral. Remarcó que el deterioro del Huallaga no solo responde a un problema institucional, sino también a una conducta social repetida que debe ser corregida.
En esa línea, el fiscal recordó que existe una norma vigente que sanciona con penas privativas de libertad de 4 a 6 años a quienes arrojen residuos a cuerpos de agua o fajas marginales, incluso mediante vehículos. Sostuvo que, bajo esa tipificación, ya no se trata únicamente de una infracción ambiental, sino de un delito que amerita intervención inmediata, y mencionó que efectivos policiales —sin importar su especialidad— podrían actuar ante flagrancia, así como Serenazgo mediante arresto ciudadano en determinadas circunstancias.
Con la diligencia de muestreo en agenda y las advertencias sobre la faja marginal del Huallaga sobre la mesa, la Fiscalía Ambiental remarcó que los próximos pasos dependerán del componente técnico, pero también de la ejecución administrativa para recuperar espacios públicos y frenar prácticas que agravan la contaminación. En paralelo, el fiscal insistió en que la continuidad de las diligencias busca responder a la preocupación de la población y establecer, con evidencia científica, si existen vertimientos o afectación por metales pesados en la zona investigada.
