Aunque la presidenta Dina Boluarte anunció una “suspensión total” de la actividad minera en la provincia de Pataz tras el asesinato de 13 mineros, la medida no será aplicada a todas las empresas. Así lo confirmó el titular del Ministerio de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, quien precisó que la paralización solo afecta a operaciones no formalizadas.
“Esta suspensión no alcanza a las cerca de 200 empresas que han culminado su proceso de formalización”, declaró Montero en conferencia de prensa. La corrección fue necesaria luego de que tanto la presidenta como el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, dieran a entender que la disposición regía para todas las actividades sin excepción.
El ministro explicó que el objetivo es permitir la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en zonas controladas por grupos delictivos, muchos de los cuales operan bajo la fachada del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Este mecanismo, creado en 2012 para regularizar a pequeños mineros, ha sido cuestionado por permitir que miles de inscritos evadan controles sin reportar producción ni cumplir requisitos básicos.
“El Reinfo se ha convertido en un vehículo para el accionar delictivo”, advirtió Montero, quien respaldó la necesidad de reformar el sistema.
Desde el sector empresarial, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su preocupación. Su presidenta, Julia Torreblanca, sostuvo que no se debe penalizar a quienes operan legalmente. “El oro formal genera divisas para el país”, recalcó.
En la misma línea, el exministro Carlos Herrera Descalzi criticó la falta de planificación de la medida. “Suspender por suspender no tiene sentido. Afecta a las empresas legales, mientras que los ilegales no la acatarán”, advirtió. Agregó que un mes de paralización podría significar hasta un 8% de pérdidas en ingresos.
