El Gobierno de Javier Milei ha anunciado el cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, junto con la reducción de 900 puestos de trabajo. Esta medida, comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se enmarca dentro de un ambicioso plan de austeridad que promete un ahorro de 9.000 millones de pesos para el Estado. La reorganización implicará la fusión de estos organismos en una sola dirección con 64 empleados, apuntando a una mayor eficiencia en el uso de recursos públicos.
Creado en noviembre de 2022 durante la gestión de Alberto Fernández, el Inafci había sido criticado por su estructura administrativa y su elevado presupuesto destinado principalmente a salarios. La decisión de cerrarlo, así como las denuncias de corrupción vinculadas a estos organismos, ha intensificado el debate sobre el impacto en la agricultura familiar y las comunidades campesinas e indígenas, quienes se benefician directamente de sus programas.
La acción ha provocado reacciones encontradas: mientras algunos ven en ella un necesario paso hacia la reducción del gasto estatal y la eficiencia administrativa, otros advierten sobre las consecuencias negativas para los sectores más vulnerables de la sociedad. Este ajuste en el ámbito público es un reflejo de la visión gubernamental de minimizar la intervención estatal en la economía y se convierte en un punto focal en el debate sobre el equilibrio entre austeridad fiscal y responsabilidad social.
