El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) tomará temporalmente el control del Proyecto Olmos, tras el fracaso de las negociaciones entre el Gobierno Regional de Lambayeque y la empresa Novonor, antigua Odebrecht. La decisión marca un punto de quiebre en la administración de una de las obras de irrigación más relevantes del norte del país.
Sin acuerdo y sin prórroga para la empresa brasileña
Según fuentes oficiales, el Ejecutivo optó por intervenir directamente luego de no alcanzarse un consenso que permitiera extender el contrato de Novonor, actual concesionaria del proyecto. El desacuerdo impidió que se formalizara una “extensión temporal” que le hubiese permitido continuar con la operación, al menos de manera transitoria.
La empresa, vinculada anteriormente a escándalos de corrupción por su pasado como parte del Grupo Odebrecht, había venido operando el sistema de trasvase e irrigación pese a múltiples cuestionamientos. El retiro de Novonor ocurre en un momento clave para la agricultura regional, que depende del caudal regulado por este complejo hídrico.
El Estado toma las riendas y se alista para transición
Midagri, en coordinación con el Gobierno Regional de Lambayeque, asumirá el manejo de la infraestructura mientras se define el nuevo modelo de gestión o concesión. No se han detallado aún los mecanismos administrativos ni el cronograma para esta transición, aunque se espera que se garantice la continuidad del servicio y el abastecimiento a los agricultores del valle.
A pesar del cambio, aún persisten incertidumbres sobre las condiciones en que quedará el contrato inicial y las posibles implicancias legales para ambas partes. Hasta el momento, ni Midagri ni Novonor han informado sobre eventuales compensaciones o sanciones derivadas del cese anticipado de operaciones.
Productores piden garantías y participación en decisiones
Desde el ámbito local, organizaciones de agricultores han solicitado mayor transparencia y participación en las futuras decisiones que afecten la administración del proyecto. Advierten que el cambio no debe traducirse en una paralización o deterioro del servicio hídrico, vital para sus cultivos y economías familiares.
