La situación actual en el Mercado Modelo de Huánuco refleja una profunda problemática que va más allá de la simple controversia sobre un terreno: es un espejo de los desafíos que enfrenta nuestra sociedad en materia de corrupción, legalidad y desarrollo urbano. La venta ilegal del terreno por parte de Eduardo Mirabal, en el último día de su gestión, no solo mancha la transparencia administrativa, sino que también pone en peligro el sustento de numerosos comerciantes y el bienestar de la comunidad.
La reciente resolución emita por el despacho de la jueza Cercedo, que resuelve polémicamente darle la razón a los comerciantes en primera instancia, es cuestionable. E invita ahora a que el alcalde se ponga los pantalones y apele este proceso, que como dijo Jara, no se han revisado seriamente los documentos ni los planos.
A casi 20 años de este proceso, los únicos que han ganado acá han sido la directiva de la asociación del mercado Modelo, y por el otro lado, la ciudad de Huánuco solo ha retrocedido en proyecto de tener un verdadero mercado de abastos.
En primer lugar, los bienes públicos no pueden ser vendidos, y ahí viene lo preocupante y cuestionable del resultado judicial. En segundo lugar, la ciudadanía ya no está para esperar otros 15 a 20 años más para obtener un resultado positivo y vea una construcción decente.
Consideremos que la mejor alternativa sería tomar el diálogo mediado por una tercera parte imparcial entre los comerciantes y la municipalidad provincial, que se supone es dueña del terreno.
Este diálogo debe tener como objetivo llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso que permita la reconstrucción y modernización del mercado, respetando los derechos de todos los involucrados y promoviendo un espacio de comercio justo y ordenado.
Adicionalmente, instamos al poder judicial a actuar con celeridad y transparencia en este caso, reconociendo la urgencia y la importancia de resolver esta controversia de manera justa. Es imperativo que el alcalde y sus asesores judiciales mantengan una presencia activa y constante en este proceso, no solo para apelar la sentencia sino para asegurar que se dé prioridad a la resolución del caso.
