Sin embargo, comerciantes buscarían desconocer norma y aplicar ordenanza municipal para privatizar mercado
Una reunión convocada en el distrito de Amarilis para abordar el proceso de privatización del mercado de Paucarbamba generó un amplio debate entre representantes de asociaciones de comerciantes, asesores legales y autoridades municipales.
El centro de la discusión fue la ordenanza municipal N.º 038-2019, la cual, según fue planteado durante la audiencia, permitiría transferir el inmueble del mercado en su totalidad a asociaciones inscritas, incluyendo pasadizos, servicios higiénicos, oficinas administrativas y otras áreas comunes.
El punto más crítico fue la exposición de uno de los asesores legales invitados, quien argumentó que dicha ordenanza contraviene el artículo 4 del Decreto Supremo 004-96-PCM, norma nacional que regula los procesos de privatización de mercados públicos.
Según indicó, el decreto establece que las áreas de uso común no pueden ser vendidas de manera individual ni adjudicadas a terceros, ya que deben mantenerse bajo administración compartida por los futuros propietarios organizados en junta.
Durante la reunión también se señaló que el mercado de Paucarbamba no cuenta con una sola asociación representativa que agrupe a la totalidad de conductores, condición exigida por la ley para proceder con una venta conjunta a nombre de una persona jurídica. Actualmente existen al menos dos asociaciones activas dentro del recinto.
Posible nulidad por falta de consulta previa
Otro aspecto abordado por el expositor fue el supuesto incumplimiento del proceso de prepublicación y consulta ciudadana previsto en el Decreto Supremo 001-2009-PCM, que establece los requisitos para aprobar normas municipales de carácter general. Según explicó, la ordenanza 038-2019 no habría sido sometida a consulta pública previa, lo que —de acuerdo con su lectura— la haría inaplicable en el contexto del proceso actual.
La posición del asesor fue enfática al señalar que “las áreas comunes no pueden ser objeto de venta directa”, y que permitir una transferencia global del inmueble —como supuestamente plantea la ordenanza— violaría el principio de especialidad de la ley nacional.
Sostuvo además que los verdaderos titulares del derecho preferente a la compra de los puestos son los conductores individuales que se encuentran en posesión pacífica y realizan actividad comercial directa con el público, según lo dispuesto en la Ley N.º 26569 y su reglamento.
Estas declaraciones fueron respaldadas por dirigentes de algunos sectores del mercado que cuestionaron no solo el contenido de la ordenanza, sino también la falta de transparencia con la que —según afirmaron— se ha manejado el expediente. “Los documentos entregados están incompletos y la información registral del terreno no ha sido proporcionada a todos”, manifestó una de las representantes.
Municipalidad defiende legalidad del proceso
Frente a las críticas, el presidente del comité de privatización, Rubén, aseguró que el proceso fue iniciado conforme al acuerdo aprobado por el Concejo Municipal y que se han realizado actividades de socialización en al menos dos oportunidades, con invitaciones dirigidas a los representantes de las asociaciones de comerciantes.
Rubén indicó también que existen filmaciones y actas que sustentan dichas reuniones, y que el proceso ha seguido un cronograma establecido por mandato del concejo. Por su parte, el alcalde de Amirilis, Roger Hidalgo, recordó que el expediente completo del proceso de privatización está disponible en la Secretaría General de la municipalidad y que, por su volumen, debe ser revisado presencialmente.
