La presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta cuestionamientos sobre un reciente viaje al sur del país, en las cercanías del condominio Mikonos, donde las autoridades realizaron una fallida operación para capturar a Vladimir Cerrón, quien sigue prófugo desde hace más de un año. Aunque Boluarte evitó aclarar detalles sobre el desplazamiento, persisten las contradicciones en las declaraciones de sus colaboradores y funcionarios cercanos, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre el caso.
En medio de este contexto, Gabriel Herrera, presidente de la junta de propietarios de Mikonos, compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Juan Burgos, y aseguró que no existen registros de la entrada de Boluarte al condominio. “Si ella ingresó, debió hacerlo oculta en una maletera o camuflada en la parte trasera de un vehículo”, afirmó Herrera. Estas declaraciones provocaron respuestas contradictorias desde el gobierno: Fredy Hinojosa, vocero presidencial, negó que Boluarte hubiera estado en Mikonos, mientras que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, confirmó su presencia. “La presidenta estuvo en la urbanización Mikonos. Si el presidente de la junta no la vio, no tiene por qué pasar a saludarlo a su casa”, expresó Adrianzén.
Consultada por la prensa sobre la falta de registros de su desplazamiento, Boluarte insistió en que utiliza varios vehículos en sus traslados y aclaró que “siempre hay un cambio de turno” en su comitiva. No obstante, las investigaciones periodísticas ponen en duda esta versión. Según el programa “Punto Final”, el abogado de Félix Montalvo, conductor del vehículo inicial que transportó a Boluarte, confirmó que un segundo vehículo llegó al kilómetro 108 para relevar a la comitiva, aunque no se precisaron detalles sobre el resto del trayecto.
El reportaje señaló además que un análisis de los registros de peajes administrados por Rutas de Lima revela que, de los 1,200 vehículos exonerados que cruzaron los peajes el 25 de febrero, solo el “cofre” presidencial de Boluarte fue identificado en los registros. En el peaje de Punta Negra, por el cual debe pasar cualquier vehículo en dirección de Sarapampa hacia Lima, no se detectaron otros vehículos de la comitiva presidencial, lo que generó cuestionamientos sobre el medio con el cual Boluarte regresó a Palacio de Gobierno.
El congresista Burgos, a cargo de la Comisión de Fiscalización, adelantó que se evaluarán las inconsistencias en las versiones oficiales. “El abogado dice una cosa; Palacio, otra. Vamos a analizarlo en conjunto”, subrayó Burgos, quien consideró que el caso muestra una “mentira sistemática” alrededor del uso del “cofre”. Para Burgos, esta situación podría estar relacionada con un supuesto encubrimiento o asistencia a un fugitivo de la justicia, aludiendo al escándalo de la casa Sarratea, un episodio previo de supuesto encubrimiento en Perú.
Durante el operativo en el condominio Mikonos, solo dos de los 66 propietarios negaron el ingreso de las autoridades a sus viviendas. Uno de ellos, Marco Bravo, mencionó que los detalles del caso están en manos del presidente de la junta de propietarios. Bravo evitó comentar directamente sobre la negativa a permitir el registro de su propiedad, alegando que Herrera debía aclarar el asunto. Según el informe de Camila Calderón para Infobae.
