El proyectado Megapuerto de Corío, en Punta Bombón (provincia de Islay), es considerado por autoridades regionales como una infraestructura clave para posicionar a Arequipa como un nodo logístico de alcance continental. Con un calado natural de 28 metros y una ubicación que permitiría movilizar carga desde el sur de Brasil, Bolivia, el norte de Chile, Argentina y el sur del Perú, la obra busca consolidar nuevas rutas para el comercio exterior de Sudamérica.
De acuerdo con declaraciones del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, el puerto se complementará con un complejo multimodal de 15.947 hectáreas que incluirá áreas logísticas, industriales y residenciales. Según datos de Proinversión, la inversión estimada asciende a 7.000 millones de dólares y generaría más de 50.000 empleos directos e indirectos durante su desarrollo.
Conexiones ferroviarias y proyección internacional
El gobernador indicó que el plan contempla una red ferroviaria que enlazará el puerto con Mejía, Cusco y Madre de Dios, facilitando el acceso hacia Brasil, así como con Juliaca y Bolivia. Según sus palabras, la obra se convertirá en un “megapuerto de Sudamérica” y se integrará con otros proyectos portuarios en el país para potenciar la competitividad de la región sur.
Controversias por autorización temporal y pedido de licitación
El proyecto, sin embargo, enfrenta cuestionamientos. El 8 de agosto, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) otorgó una autorización temporal de tres años a un consorcio privado. Esta decisión fue criticada por el gobernador Sánchez, quien denunció un presunto “tráfico de licencias” y conflicto de intereses en la gestión del presidente de la APN, Juan Ramón Arrisueño.
El gobernador afirmó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha solicitado revocar dicho permiso, en cumplimiento del acuerdo adoptado en el octavo Consejo de Estado Regional, que dispone convocar a una licitación internacional una vez que finalice el estudio de demanda de carga. Hasta el cierre de esta edición, la APN no ha emitido una respuesta pública sobre el pedido de anulación de la autorización.
