El gasto público en Perú se prepara para una transformación radical con la implementación de la Ley N° 32069, la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Esta legislación, cuyo reglamento entró en vigor el pasado 22 de abril, busca modernizar los procesos de adquisición del Estado, promoviendo una gestión más eficiente de los recursos públicos. En un contexto donde la inversión estatal juega un rol crucial en el desarrollo económico, la optimización de las contrataciones se vuelve fundamental para asegurar que los proyectos se ejecuten de manera oportuna y transparente, impulsando así el crecimiento del país. La entrada en vigor de esta ley coincide con un período de creciente escrutinio sobre la eficiencia del gasto público y la necesidad de fortalecer la transparencia en las transacciones estatales.
Según el reportaje de El Comercio, la presentación de esta normativa estuvo a cargo de la viceministra de Economía, Denisse Miralles, quien destacó el impacto positivo que se espera en la gestión de los recursos del Estado.
Esta reforma legislativa, según lo expresado por la viceministra Miralles, busca generar importantes ahorros en tiempo y dinero para el Estado. El nuevo marco normativo simplifica los procedimientos de compra de bienes y servicios, agilizando los procesos y reduciendo la burocracia, lo que permitirá una mejor asignación de los recursos disponibles. La optimización de los procesos de contratación pública no solo implica una reducción de costos, sino también una mayor eficiencia en la ejecución de proyectos, lo que se traduce en un mejor servicio para la ciudadanía.
Un aspecto central de la nueva ley es el fortalecimiento de la gobernanza en las compras públicas. Se establece un enfoque estructurado desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Abastecimiento (DGA), en coordinación con el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE, antes OSCE) y la Central de Compras Públicas (Perú Compras). Este esquema busca garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas en los procesos de contratación, minimizando los riesgos de corrupción y asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente.
De acuerdo con Miralles, la nueva legislación incorpora las recomendaciones de la OCDE y aplica un enfoque integral a toda la cadena de abastecimiento público. Se reconoce al Estado peruano como el principal comprador del país, lo que implica una mayor responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y la necesidad de implementar mecanismos de control y supervisión más robustos.
Para promover una mayor participación de los proveedores estatales, la ley establece incentivos basados en su desempeño y define con mayor precisión los alcances y la temporalidad de los impedimentos para contratar con el Estado. Esta medida busca fomentar la competencia y la transparencia en los procesos de selección de proveedores, garantizando que se elija a aquellos que ofrezcan la mejor calidad y precio.
Finalmente, la ley introduce nuevos mecanismos de contratación, como los acuerdos de riesgo compartido y la habilitación del uso de contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. También se incorporan nuevas alternativas para la solución de controversias, lo que permitirá resolver los conflictos de manera más rápida y eficiente, evitando retrasos en la ejecución de los proyectos.
